El concejal metropolitano Michael Aulestia formalizó este 21 de octubre de 2026 dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por presunto peculado y lavado de activos. La acusación apunta a una supuesta red de corrupción en la adjudicación de contratos viales dentro de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
Una sola red tras el «Asfalto de Oro»
De acuerdo con la investigación y el comunicado difundido por el edil, un mismo proveedor habría logrado concentrar cerca de USD 65 millones en contratos públicos. Para conseguirlo, presuntamente operó a través de una compleja estructura de:
- Sociedades comerciales
- Consorcios
- Personas naturales y relacionadas.
El objetivo de este entramado, según detalló Aulestia, era eludir el artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta normativa prohíbe adjudicar nuevas obras a contratistas que aún tengan pendientes o no hayan entregado formalmente trabajos anteriores.
Funcionarios de alto nivel salpicados
La denuncia no solo abarca al sector privado. El concejal señaló de manera directa la presunta participación de funcionarios de alto nivel de la Epmmop y personas cercanas al entorno de la Alcaldía de Quito.
«No son opiniones, son documentos públicos que ahora están en manos de la Fiscalía. Quito pagó por calles, y una sola red se quedó con los contratos», enfatizó tajantemente Aulestia al presentar los respaldos institucionales.
Pedido de medidas cautelares
Ante la gravedad de los hechos expuestos en el denominado «Caso Asfalto de Oro», el fiscalizador solicitó formalmente al Alcalde de la capital la separación inmediata de sus cargos de todos los servidores públicos presuntamente implicados.
De igual manera, instó a la Fiscalía General a actuar con la máxima celeridad y dictar medidas cautelares sobre los bienes de las personas e instituciones investigadas para asegurar la reparación al Estado en caso de comprobarse el perjuicio económico. (I)