El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, emitió un fuerte pronunciamiento este 22 de octubre de 2026 cuestionando directamente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, luego de los recientes operativos ejecutados por la Fiscalía General del Estado en el cabildo capitalino.
A través de sus canales oficiales, el funcionario del Gobierno de Daniel Noboa vinculó las diligencias judiciales con una presunta red de corrupción interna y exigió celeridad a jueces y fiscales para resolver el caso.
«Pabel, ¿no se dio cuenta o formaba parte?»
Neira elevó de tono el debate político tras lanzar una dura acusación pública contra el burgomaestre capitalino. El secretario cuestionó si se trataba de un escenario de inacción institucional o complicidad directa:
«Pabel, ¿un alcalde inepto que no se da cuenta de nada o es otro corrupto que forma parte del lleve?», manifestó de forma categórica el portavoz gubernamental.
Los presuntos delitos bajo la lupa
El pronunciamiento se da un día después de que la Fiscalía y la Policía Nacional intervinieran dependencias del Municipio de Quito y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), en el marco de una indagación por presunto peculado. La investigación se centra en la adjudicación supuestamente irregular de dos contratos de obra pública en 2024 que superan los 4 millones de dólares.
Neira amplió sus señalamientos apuntando a que el caso forma parte de una supuesta estructura de corrupción más amplia que involucra a la Revolución Ciudadana, donde mencionó una supuesta red de contratistas habituales beneficiados dentro de la EPMMOP, presuntas irregularidades por un monto de 500.000 dólares que no estarían justificados para la campaña de 2023. y cobro de «vacunas», acusaciones sobre supuestos cobros ilegales a servidores y proveedores del Municipio de Quito para fondos políticos.
Postura oficial de la Alcaldía
Por su parte, el Municipio de Quito emitió previamente un comunicado aclarando que «un allanamiento no es una sentencia». La administración de Pabel Muñoz ratificó que entregará toda la información requerida por la justicia, exigiendo al mismo tiempo que los procesos se sustenten sobre pruebas verídicas y con absoluta seriedad, rechazando que la fiscalización legítima se use como una herramienta de persecución política de cara a los próximos periodos electorales. (I)
