Guayaquil, Ecuador
Hace unos días, el presidente Daniel Noboa exigió a la empresa minera Ecuacorriente que pague $1000 millones o financie la central Cardenillo, esto porque la empresa tenía una promesa de autogeneración hidroeléctrica desde el año 2012 que no ha sido cumplido.
Con la crisis eléctrica nacional que estamos viviendo, el gobierno ha propuesto que si se hacen cargo de la construcción se les otorgará la autorización para comenzar la segunda fase del proyecto Mirador Norte.
Toda esta situación plantea en realidad una cuestión de fondo ¿Por qué un país que necesita inversión para desarrollar infraestructura, generar empleo y aprovechar sus recursos naturales recurre a negociaciones bajo presión, haciendo exigencias y chantajes a las empresas, en lugar de construir un marco institucional capaz de atraer capital a largo plazo?
Este tipo de actitudes por parte de quienes nos gobiernan dificultan convertir el potencial económico de nuestro país en inversión productiva sostenida, porque las reglas, negociaciones y condiciones para invertir no ofrecen suficiente previsibilidad.
El Ecuador debe negociar condiciones favorables para todos los ciudadanos pero esto se debe hacer otorgando seguridad jurídica, contratos claros y exigibles, y mecanismos creíbles para resolución de controversias. Esto no significa que no debamos exigir los compromisos adquiridos de la empresa pero con criterios previamente establecidos, justificaciones técnicas, y procedimientos transparentes.
La inversión no solo depende de los recursos naturales o la energía eléctrica, sino también de las condiciones para comprometer el capital durante años sin chantajes ni renegociaciones permanentes. La agenda de crecimiento 2040 del propio Gobierno plantea fortalecer la seguridad jurídica. ¿Cómo se traduce ese objetivo en la negociación y ejecución de los grandes proyectos si las inversiones pueden ser condicionadas según la opinión de los funcionarios de turno?
Nuestro país necesita contratos solidos que determinen obligaciones de parte del sector público y privado, plazos verificables, mecanismos efectivos de cumplimiento y procedimientos independientes de ambas partes para la resolución de conflictos, la solución a los problemas no debe ser improvisando condiciones como se intenta hacer, sino con instituciones capaces de hacer cumplir las reglas del juego para que tanto el Estado como las empresas sepan a qué atenerse.
La seguridad jurídica es una importante y valiosa herramienta para exigir resultados, proteger intereses y atraer inversiones que generen producción, empleo e infraestructura.
Mientras esto no cambie, difícilmente atraeremos la inversión que tanto necesitamos.
