Un total de 485 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en Ecuador entre enero y septiembre, uno cada trece horas y media, de acuerdo a cifras difundidas este martes por el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador.
Este dato es también un 12 % más alto de lo que se registró en Ecuador en el mismo período de 2025, cuando entre enero y septiembre hubo 433 homicidios, según el observatorio, que cita estadísticas del Ministerio del Interior.
Un 82,5 % de los asesinatos corresponde a adolescentes de 15 a 17 años; además, el 91,7 % de los homicidios (445 casos) se cometió con armas de fuego (siete veces más que en 2018).
En el último trimestre, las muertes violentas en estas edades crecieron un 167 % en la Amazonía, con repuntes de hasta 200 % en provincias como la de Orellana.
Además, en el evento ‘Protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia armada’, el Observatorio detalló que las detenciones de adolescentes (12 a 17 años) también subieron un 20,5 % (2.540 casos), un ritmo doce veces mayor al de los adultos. Uno de cada cinco de los capturados portaba un arma de fuego.
De víctimas indirectas a objetivos directos
Durante el encuentro organizado por el Observatorio, se difundió también un informe regional en el que la Coalición de organizaciones de la sociedad civil y ONGs internacionales para las poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en América Latina y el Caribe (LAC RMD) advierte de que los menores pasaron de ser «víctimas indirectas a objetivos directos del crimen organizado y grupos armados».
«La violencia delincuencial y el conflicto armado en la región registra un impacto importante en las nuevas generaciones, su más cruenta manifestación se expresa en el incremento de homicidios intencionales, y su dinámica más compleja de vulneración se expresa en formas de vinculación estratégica como el uso, utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados», se señala en el documento.
Por ejemplo, el reclutamiento en Haití se ha triplicado en un año y en Colombia se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, de acuerdo a datos de Unicef recogidos en el informe.
La investigación fija su foco en las formas de vinculación de menores en escenarios de conflicto armado y delincuencia organizada e identifica -entre otros- a las carencias económicas y afectivas, a la búsqueda del reconocimiento, a la normalización de la violencia y a la presencia de los grupos criminales en los territorios como condiciones determinantes que propician y facilitan este fenómeno.
Vulnerables
La coalición de organizaciones, que trabaja en la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables en la región, también recordó que el reclutamiento, uso y utilización de menores deben entenderse como formas de explotación, nunca voluntarias.
Asimismo aseguró que este tema debe ser considerado como una «prioridad regional» e hizo un llamado a organismos internacionales y de cooperación para que centren su acción en posicionar el fenómeno en la agenda multilateral e invertir en programas preventivos a largo plazo.
También instó a los gobiernos a «asumir esta problemática como una prioridad de protección», robusteciendo marcos legales, tipificando estas violaciones y rindiendo cuentas, así como incrementando la inversión social en territorios de alto riesgo. EFE

