Galo Chiriboga, el principal aspirante a fiscal general de la Nación, enfrenta un juicio penal por fraude, otro por lesión enorme y una indagación ante el Consejo Nacional de la Judicatura, acusado de apropiarse de una lujosa mansión en Tumbaco, propiedad de un matrimonio de clientes, a quienes representó como abogado, según ha informado hoy el diario El Universo.
«El 14 de febrero del 2000, mientras el país enfrentaba la peor crisis económica de su historia, Galo Chiriboga Zambrano –hoy embajador en España y principal aspirante a fiscal general de la Nación– adquiría en Panamá, considerado como un paraíso fiscal, la empresa Madrigal Finance Corp., con un monto de $ 10 mil», empieza el reporte, no firmado. «En principio, su nombre no apareció en la conformación societaria, porque pidió –como un favor personal– a su amigo Gaitán Villavicencio, sociólogo guayaquileño, que le preste su nombre para que figure como director. “Solo presté nombre, nunca pregunté para qué”, dice ahora Villavicencio».
La empresa había sido creada el 29 de noviembre de 1999. Un mes más tarde pasó a ser la propietaria de una casa en Tumbaco, en un exclusivo sector del nororiente de Quito. Fue levantada sobre un área de 2.500 metros cuadrados; tiene una piscina cubierta, sauna, cancha iluminada de usos múltiples, jardines con accesos adoquinados y cerramiento de piedra.
Madrigal Finance adquirió la casa el 22 de diciembre de ese año, a precio de ganga: 50 millones de sucres ($ 2.762 al cambio de diciembre de 1999). Ocho meses más tarde, en agosto del 2000, la vivienda pasó a un fideicomiso administrado en Ecuador por Fodevasa.
Los esposos alemanes Edmund Chladek Polansky y Barbara Haidinger, propietarios del bien hasta 1999, aseguran que Chiriboga se adueñó de todo a base de engaños. Amigos de la pareja indicaron que el valor real de la vivienda es de aproximadamente $ 1 millón.
El caso está relatado en dos demandas judiciales y en una denuncia ante el Consejo Nacional de la Judicatura; todas planteadas por los alemanes.
El juicio penal colusorio fue interpuesto en contra de Chiriboga y su esposa, María Victoria Espinal, y del notario tercero de Quito, Roberto Salgado, quien tiene su oficina junto a la del ahora aspirante a fiscal.
La segunda demanda fue planteada por lesión enorme, una figura que sirve para determinar si el bien fue, efectivamente, vendido a un precio real o en una suma ínfima, perjudicando a sus expropietarios.
En el Registro de la Propiedad de Quito se establece que el 14 de junio del 2010 Fodevasa restituyó la vivienda a Madrigal Finance Corp. De acuerdo con información del Registro Público de Panamá, los actuales socios de Madrigal son María Victoria Espinal Meneses (presidenta) y Galo Chiriboga (vicepresidente); los cargos de tesorero y secretario corresponden a Alejandro Fuentes Díaz, que fue cónsul superior de Ecuador en España y subsecretario de Chiriboga en el Ministerio de Energía, en este Gobierno
La firma, el fideicomiso y el bien inmueble no constaron en las declaraciones de bienes de Galo Chiriboga en el 2005 y 2006, cuando se desempeñó como ministro de la administración de Alfredo Palacio. Solo en su última declaración, del año 2010, aparece la inversión en Madrigal.
Según los procesos, en 1995, Bancomex pidió el embargo de los bienes de la pareja alemana, que se dedicaba a la construcción y venta de viviendas, por una deuda de 220 millones de sucres ($ 12.154, a la cotización de diciembre de 1999). Para el cobro, el banco contrató los servicios de Galo Chiriboga.
Chladek estaba fuera del país por una orden de detención y su esposa buscó opciones. Y una fue Galo Chiriboga.
En la sentencia del juicio por lesión enorme, que se siguió en el juzgado 13º de lo Civil, el 20 de septiembre del 2006, ella explica que Chiriboga le ofreció ayudarla en los asuntos judiciales y que le pidió firmar una serie de escritos necesarios para la defensa de sus intereses, “con la firma de varios abogados y por rara excepción aparecía firmando él”.
Para los alemanes, la estrategia de Chiriboga era que Haidinger se convierta en la administradora extraordinaria de los bienes del matrimonio, para solicitar el levantamiento del embargo y proceder a la venta del inmueble. Quien se encargó de ese proceso fue Marco Navas Arboleda.
Este abogado hizo el petitorio ante el notario Roberto Salgado, el 14 de mayo de 1999. Ese documento le permitió a Chiriboga pedir a un juzgado civil (el 21 de septiembre de 1999) el levantamiento del embargo. El 14 de octubre, Haidinger se posesionó como curadora de los bienes de su esposo y eso permitió la venta de la casa.
En la denuncia ante el Consejo de la Judicatura, la alemana indicó que el 25 de octubre de 1999, Chiriboga la obligó a concurrir a la Notaría Tercera para que firme la escritura de compraventa, bajo amenaza de que, de no hacerlo, remataría el bien e impediría el regreso de su marido al país.
En la notaría existe actualmente la escritura 3273, en la que se detalla que los representantes de Madrigal son Chiriboga y su esposa, y que ellos cancelaron la hipoteca de los alemanes y así permitieron el levantamiento de prohibición de enajenar el bien. Lo que no se detalla ni se aclara es cómo y en qué condiciones cancelaron esa deuda con Bancomex.
Chladek denunció al Consejo de la Judicatura que “el acto doloso y fraudulento, producto del engaño y de la presión psíquica y moral ejercida en mi contra por Galo Chiriboga” tenía por finalidad llevarse la casa por 50 millones de sucres, monto que, además, nunca le fue entregado, señala.
En el juicio colusorio instaurado en la Tercera Sala Especializada de lo Penal de Pichincha se señaló que Chiriboga era representante de Madrigal, la entidad que adquirió la vivienda, y que junto al notario Salgado habrían simulado una escritura pública. Pero este juicio prescribió cuando Galo Chiriboga era ministro, en el 2006.
En el proceso por lesión enorme, tramitado en el juzgado 13º de lo Civil, se intentó hacer una inspección judicial para determinar el valor real de la propiedad, pero no se concretó. Al final, el proceso fue favorable para Chiriboga: “Los accionantes no han podido precisar y hacer conocer el verdadero valor que tiene el inmueble, para saber si se pagó una cantidad inferior a la mitad del precio”.
El abogado defensor de los alemanes, Telmo Borja, le dijo al juez que no se pudo determinar el precio real del inmueble porque no se permitió llevar a cabo la inspección judicial que fue solicitada dentro del término de prueba.