AMSTERDAM (AP) — El parlamento holandés aprobó el miércoles un proyecto de ley que forzará a las compañías de internet móvil a permitir que sus usuarios empleen Skype y otros servicios en sus redes sin cargos adicionales y sin dar trato preferencial a las ofertas propias.
Una vez que la ley sea ratificada por el Senado —usualmente una mera formalidad— Holanda sentará un ejemplo para Europa con la política más fuerte de «neutralidad de la internet» en el continente.
Las compañías de telecomunicaciones como Vodafone, T-Mobile y la antigua empresa estatal Royal KPN NV habían cabildeado contra la medida, diciendo que era innecesaria y que pudiera resultar en precios más altos para los consumidores.
Sin embargo, los consumidores la deseaban y los defensores de la neutralidad de la web dijeron que la medida asegurará que las compañías no abusen de su control sobre las redes móviles para frenar la competencia y la innovación.
La propuesta fue respaldada por grupos de consumidores y activistas de la «libertad digital» y es considerada un importante beneficio para compañías de software como Facebook, Microsoft y Google.
Aunque el tema de la neutralidad de la internet ha sido debatido por la industria y los creadores de políticas durante un decenio, las principales estipulaciones de la ley holandesa cobraron forma en apenas dos meses, con los políticos reaccionando rápidamente a la indignación pública por los precios de KPN.
«Cuando se afecta la billetera, todo el mundo reacciona», dijo Daphne van der Kroft, de Bits of Freedom, una organización que se opone a las restricciones en internet.
En abril, KPN anunció bajas ganancias en el primer trimestre, cuando los usuarios emplearon masivamente un servicio de mensajes instantáneos llamado «WhatsApp».
WhatsApp permite a los usuarios de celulares con conexión con la internet enviar mensajes sin cargos adicionales, evadiendo el lucrativo negocio de SMS de KPN. En respuesta, el director ejecutivo de KPN anunció planes para cobrar extra a los usuarios por emplear Skype y WhatsApp.
Los usuarios expresaron indignación y muchos cuestionaron incluso cómo la compañía sabía qué aplicaciones estaban usando ellos en sus teléfonos.
El organismo de protección de los derechos del consumidor en Holanda demandó una investigación de posibles violaciones de la privacidad y los políticos, siguiendo el pulso de la población, dieron pasos para frenar el plan.