Montúfar pidió a la Comisión de Fiscalización que recomiende que el proceso pase a conocimiento del Pleno. «no se puede permitir que ninguna autoridad, de ninguna función del Estado, ejerza acciones intimidatorias sobre los jueces, para garantizar la necesaria independencia en la administración de justicia», dijo.
“Visitar al presidente de un tribunal, horas antes de que se emita una sentencia; y, luego, amenazarlo públicamente por las consecuencias que acarrearía el fallo en un sentido determinado es una clara interferencia en la justicia y constituye un delito político que debe ser juzgado por la Asamblea”, dijo
Mientras que el ministro Serrano, afirmó que a través del juicio político se pretende disminuir y, hasta invisibilizar, la notable gravedad de los hechos del 30 de septiembre de 2010. “Aquí no se está juzgando mi gestión como servidor público, sino la esencia misma de la transformación democrática por la cual transitan nuestro país y el conjunto de la sociedad ecuatoriana”, añadió.
Según la agencia estatal Andes, el Ministro dijo que el día en que se dictó la sentencia en favor de Tapia, lo que hizo fue denunciar la actuación una actuación irregular de un servidor judicial. “Emití mi opinión también como servidor público, ofendido por lo que ocurría en esta audiencia, allí radica mi culpa”.
Sostuvo que si no se castiga ni se sanciona a los responsables de los hechos del 30 de septiembre “no duden que los hechos, con los mismos actores, se podrían repetir tal vez con más saña y más brutalidad”.