Atendiendo el Decreto Ejecutivo 872 que declara en estado de excepción a la Función Judicial, el pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) emitió ayer por la tarde una resolución que dispone la movilización de funcionarios judiciales a fin de acelerar el trámite de 1,2 millones de causas represadas a nivel nacional.
La medida consiste en ordenar a los servidores judiciales de los órganos jurisdiccionales y administrativos que trabajen los sábados de septiembre y octubre sin atención al público, con la “exclusiva finalidad” de inventariar y preparar el despacho de las causas represadas.
Con ese propósito también se estableció un cronograma de trabajo. Los servidores judiciales se deben dedicar al manejo de inventario los días 10, 17 y 24 de septiembre, además del 1 de octubre. Para la preparación de despacho de causas quedaron establecidos el 17 y 24 septiembre así como el 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre.
La jornada de trabajo de los sábados será de 08:00 a 17:00 con un receso de una hora. El periodo extraordinario de trabajo será remunerado como manda la ley, señala la resolución. Es decir que se reconocerán horas extras.
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El CJT y las direcciones provinciales serán encargadas de supervisar el cumplimiento de la resolución, así como de los resultados obtenidos. Para ello se deberán emitir informes semanales en los que consten el número de causas en las que se debe declarar el abandono o la prescripción por el paso del tiempo, así como el número de procesos que se encuentren activos en los juzgados del país.
El decreto del Ejecutivo fue considerado como “una medida extrema, inconstitucional y que vulnera la independencia de la Función Judicial” por parte de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Guayas, que se reunió ayer en asamblea extraordinaria. Por la tarde estaba prevista una reunión del pleno de la Corte Provincial de Justicia para acordar un pronunciamiento similar.
La reacción en los juzgados de Guayaquil al decreto firmado el lunes pasado por el presidente de la República, Rafael Correa, que dispone entre otras cosas la “movilización nacional especialmente de todo el personal de la Función Judicial”, fue de incertidumbre. Servidores y ayudantes judiciales se pronunciaron bajo el anonimato porque desconocen “si el estado de excepción implica la prohibición de reunirnos u opinar”.
Pero a pesar de la preocupación, el ambiente laboral fue normal en esa dependencia. El presidente del gremio de judiciales del Guayas, Lenin Pilalot, consideró que la medida, a más de no cumplir con sustento constitucional, es exagerada “porque bien se pudo declarar un estado de emergencia, que no es lo mismo que la excepción, si es que el objetivo, como dicen los vocales del Consejo Transitorio, es facilitar el flujo de recursos económicos”.
Las normas constitucionales otorgan al presidente de la República la potestad para decretar el estado de excepción en territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. A criterio de Pilalot, tales causales para la declaratoria no han ocurrido.
Otro gremio que rechazó el estado de excepción fue el Colegio de Abogados del Guayas. Su presidente encargado, Juan Vizueta Ronquillo, expresó en un comunicado que “este estatus no se da frente a una mera posibilidad y que el decreto ejecutivo carece de motivación, es vago, impreciso y en lo nuclear pretende convertir en normalidad o cotidiano la excepcionalidad, lo cual implica una fractura del estado de derecho”.
Según el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, Santiago Guarderas, la emergencia constituye uno de los más grandes atropellos en la historia del Ecuador.
La excepción es procedente cuando se produce un daño que no admite los remedios constitucionales ordinarios. Por tanto, se determina la necesidad de que el presidente asuma ciertas competencias, que pueden afectar derechos sin anularlos, pero no sirve para prevenir un daño, acotó el docente.
Reacciones: A decreto ejecutivo
Lenin Pilalot
Asociación Judiciales del Guayas
“Demandamos del Estado central y del CJT el respeto a la carrera judicial y las libertades básicas”.
Juan Vizueta Ronquillo
Presidente (e) Abogados del Guayas
“El propósito es que el CJT se convierta en agencia de empleo para los acólitos del oficialismo”.