Dirigentes estudiantiles universitarios se sumaron a los maestros y rechazaron las mesas de diálogo ofrecidas por el gobierno, aunque anunciaron una contrapuesta y exigencias para iniciar negociaciones para concluir el conflicto de tres meses que tiene semiparalizada la educación chilena.
Un rechazo parcial a la propuesta del gobierno fue acordada por unos 200 dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil que reúne a los estudiantes de las 25 principales universidades del país.
Tras largas discusiones en Talca, a 250 kilómetros al sur, los dirigentes acordaron la noche del jueves rechazar la propuesta entregada el lunes por el ministro de Educación, Felipe Bulnes, convenida el sábado pasado en una reunión con el presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, los dirigentes estudiantiles señalaron su disposición a dialogar, pero «consideramos que hay condiciones mínimas y de sentido común» que se requieren para iniciar conversaciones, según manifestó Giorgio Jackson, presidente de los estudiantes de la Universidad Católica y uno de los voceros de los estudiantes.
Los univesitarios señalaron que entre los puntos que entregarán en su contrapropuestas figura que en las mesas de trabajo conjuntas se discuta directamente el tema del lucro en la educación y avanzar hacia la gratuitad en la enseñanza.
También demandarán a las autoridades que extienda el término el 7 de octubre del primer semestre en las universidades por cuanto el gobierno ha señalado que después de esa fecha no otorgará créditos y becas a los estudiantes.
El titular de Educación respondió el viernes que mantiene las puertas abiertas al diálogo y espera la contrapuesta estudiantil.
«La vamos a mirar con la mejor buena voluntad, con el mejor interés y siempre escuchando y nuestra voluntad es poder sentarnos con ellos y trabajar rápidamente en soluciones», dijo a la prensa en la sede de gobierno.
Agregó que urge una pronta solución por el peligro de que miles de estudiantes pierdan el año y por los perjucios económicos derivados de la suspensión de clases.
Giorgio Jackson dijo que entre las exigencias al gobierno consideran «prioritario suspender la tramitación de proyectos de ley relacionados con la educación que haya enviado el ejecutivo» al Congreso. Entre esas iniciativas legislativas figuran las que disminuyen los intereses a los créditos con aval del estado otorgados a estudiantes para financiar sus estudios.
Por su parte, la dirigente Camila Vallejo, representante de los estudiantes de la Universidad de Chile, señaló también que es necesario terminar «con las prácticas de represión indiscriminada por parte de las fuerzas policiales donde hay una responsabilidad política detrás».
Las demandas estudiantiles y de los maestros apuntan a mejorar la educación pública entregándole mayores recursos, terminar con la administración de los colegios de enseñanza media por parte de las municipalidades y, sobre todo, combatir el lucro en los establecimientos que reciben aportes fiscales, así como avanzar en la gratuidad en la enseñanza.
El gobierno ha estado dispuesto a regular y controlar el lucro, pero no a eliminarlo y tampoco acepta la gratuidad, que según los estudiantes puede financiarse con una reforma tributaria.
El conflicto en sus tres meses ha provocado multitudinarias protestas callejeras y una sostenida baja en la baja de la popularidad del gobierno, según encuestas.
El jueves varios miles de estudiantes marcharon por la tarde en el centro capitalino a los que la policía les permitió el paso y que concluyó con algunos incidentes menores. AP