Por Alberto Molina Flores
Supongamos que el gobierno daba cumplimiento a la ley de homologación salarial en las FF.AA. y Policía y resolvían a tiempo la no inclusión de 4 grados militares -tuvieron dos años para solucionar-, no pasaba nada.
Supongamos que los ministros de Defensa y del Interior informaban oportunamente a las tropas de todos los cuarteles del país, en forma correcta y detallada, sobre todo de manera creíble que no había perjuicio en los haberes de los uniformados, no pasaba nada.
Supongamos que los 108 asambleístas que aprobaron abrumadoramente la Ley de Seguridad Pública, no se allanaban al veto presidencial y mantenían que dicha ley era “ejemplo de consensos” y que estaban conscientes de que habían legislado correctamente, no pasaba nada.
Supongamos que el secretario y sus asesores de la Secretaría Nacional de Inteligencia, solamente leía la información publicada en los periódicos, días antes del 30-S, que alertaba de malestar en los cuarteles; porque según declaraciones hechas a la prensa de militares y policías en servicio activo, con la nueva ley les iban a quitar las condecoraciones y recompensas por años de servicio y ascensos, no pasaba nada.
Supongamos que la Secretaria Nacional de Inteligencia -ese día estaban en un seminario internacional-, procesaban profesionalmente toda la información sobre el descontento en los cuarteles y les hacían conocer los resultados a los Ministros de Defensa, del Interior y de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, para que tomen las mediadas más sensatas y adecuadas, no pasaba nada.
Supongamos, que enterados de que en el Regimiento de la Policía Nº1 “Quito”, la tropa se había insubordinado y que exigían que se de cumplimiento a demandas salariales y que el presidente hubiese sido informado de inmediato de los detalles de la revuelta. El Presidente convocaba con la urgencia del caso a su comité de crisis, el -Consejo de Seguridad Pública- y disponía a los Ministros de Defensa, del Interior, de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, de Trabajo y al alto mando policial y militar que resuelvan el problema y no iba a desafiarles a los revoltosos, no pasaba nada.
Supongamos que a los muertos del 30-S les hacían la autopsia de ley antes de enterrarlos y encontraban los proyectiles asesinos en los cuerpos de las víctimas de ese aciago día y que esos proyectiles no correspondían a los calibres de las armas usadas por militares y policías, ¿qué hacer en ese caso?
Supongamos que ese día se obraba sensatamente y con equilibrio emocional, el país se ahorraba un derrame injusto de sangre, huérfanos, viudas, padres que perdieron a sus hijos; que el Presidente sea agredido, el ataque a un hospital, saqueos, violencia, inseguridad; una institución policial destruida, presos justos y pecadores, resentimientos, odios y venganzas. Para vergüenza de la mayoría de los ecuatorianos, ese día, se proyectó una pobre imagen de nuestra querida patria en el concierto internacional.
Alberto Molina Flores es coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas del Ecuador.