Dos organizaciones nicaraguenses no gubernamentales solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantenerse vigilante ante lo que consideran la deslegitimación de los comicios previstos para el 6 de noviembre debido a diversas irregularidades y agresiones contra opositores.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Vilma Núñez dijo a la AP al concluir la audiencia en que solicitaron a la CIDH el envío de una carta al Estado nicaragüense y la emisión de un pronunciamiento público sobre las agresiones a al menos 30 opositores, incluyendo cinco heridos de bala, en 20 hechos violentos ocurridos desde abril.
Núñez atribuyó las agresiones a las funciones represivas que inició la policía hace dos meses, y calificó como intimidatoria la presencia del ejército en los municipios más alejados de la capital nicaragüense, porque si «la gente ve al ejército se imagina la guerra».
«Pedimos que estén vigilantes ante la falta de legitimidad de este proceso. Es una violación a los derechos políticos de los nicaraguenses», dijo.
Para Núñez y la oposición, «son unas elecciones diseñadas, organizadas y ejecutadas para conseguir la reelección ilegal de (presidente Daniel) Ortega sin obstáculo y obtener una mayoría de diputados, gracias a una guerra política abierta desde el engranaje electoral en contra» de la alianza opositora PLI encabezada por Fabio Gadea.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada nicaragüense sin obtener respuesta.
Aparicio, Arp y Asociados, un bufete de abogados con sede en Washington, anunció la semana pasada haber asistido a Gadea para interponer este mes ante la CIDH una denuncia sobre la validez legal de la candidatura de Ortega.
El Consejo Supremo Electoral aceptó la candidatura de Ortega para su reelección pese a solicitudes de partidos opositores para anular su postulación, alegando que contraviene el límite máximo de dos mandatos presidenciales establecido en la Constitución.
Marcia Aguiluz, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), indicó que solicitaron celebrar la audiencia a puertas cerradas y sin la presencia de representantes del Estado nicaragüense porque en una audiencia previa los peticionarios recibieron insultos.
Según Núñez, las irregularidades principales incluyeron la negativa gubernamental a una observación electoral para aceptar «algo que llama acompañamiento, lo cual dictó fuera del término establecido y con un reglamento restrictivo que le establece dónde ir y no le permite emitir informe sin aprobación previa» del ente electoral.
Ana Margarita Vigil se postuló como candidata a diputada suplente en Managua por la alianza PLI pero dijo ser una de cinco candidatos opositores inhabilitados de forma arbitraria, y agregó que otros 76 candidatos pueden ser inhabilitados incluso después de la celebración de los comicios.
«Hay un proyecto sandinista para controlar el congreso, alrededor del cual se teje un fraude electoral», señaló a AP Vigil, quien mencionó que el Consejo Supremo Electoral no designó miembros de mesa antes del 29 de septiembre como estaba previsto, y que lo hará el 31 de octubre por lo que no habrá tiempo suficiente para la debida capacitación. AP