La Procuraduría colombiana ordenó este martes iniciar una investigación disciplinaria contra el actual director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), Felipe Muñoz, y cinco funcionarios y exempleados más por no haber denunciado las interceptaciones ilegales.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, indicó a través de un comunicado que el proceso contra los seis sindicados, entre los que también se encuentra María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo asilada en Panamá, obedece a que supuestamente omitieron sus funciones.
Ordóñez profirió un auto «por no denunciar hechos irregulares relacionados con el acceso a información con desconocimiento del derecho a la intimidad, interceptaciones ilegales de correos electrónicos y enterarse indebidamente de su contenido».
La decisión se abordó tras encontrar evidencias en una carpeta denominada «Caso especial octubre de 2007», que consta como prueba documental, y que según el Ministerio Público «dan cuenta de cómo las actividades desplegadas por el grupo de inteligencia G3 en el denominado ‘caso sindicalistas’ fueron conocidas al interior del DAS.»
Incluso los que entonces ocupaban el cargo de subdirector de contrainteligencia, Jorge Alberto Lagos, y de director del Departamento, Jorge Noguera, conocieron estas acciones, «sin que se iniciaran investigaciones tendentes a aclarar los hechos ni avisar a órganos de control para que hicieran lo propio».
La investigación disciplinaria de la Procuraduría, ente habilitado para sancionar a los trabajadores públicos, afectará asimismo a Lagos, a la coordinadora de estudios de confiabilidad, Claudia Milena Mendoza, y a los coordinadores del grupo de asuntos especiales, Luis Tirsoloza y Henry Alberto Torres.
Muñoz dirige el DAS desde enero de 2009, cuando sustituyó a Joaquín Polo, quien ejerció el cargo de manera interina al suceder a Hurtado, quien a finales del año pasado solicitó y obtuvo asilo en Panamá.
La Fiscalía citó a declarar a Muñoz en enero pasado para aclarar lo que al menos tres testigos confesaron en el sentido de que ocultó o destruyó parte de la información de la trama de escuchas y seguimientos ilegales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición, periodistas y activistas.
El pasado 29 de septiembre la Fiscalía acusó a Hurtado, encausada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) junto al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno, de los delitos de «concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones».
A raíz de este escándalo, que estalló en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el Congreso aprobó un proyecto del Ejecutivo para liquidar el DAS, decisión que se adoptará en los próximos días. EFE