El Tribunal Supremo español ha aplazado hasta el 17 de enero el juicio a Baltasar Garzón por ordenar unas escuchas a los abogados de los imputados de un caso de corrupción, fijado inicialmente para el 29 de noviembre.
El aplazamiento obedece a la necesidad de tramitar antes del comienzo del juicio las recusaciones presentadas por el magistrado a seis de los siete magistrados designados para juzgarle.
La causa que llevará al juez al banquillo de los acusados fue abierta a raíz de la querella que presentó contra él el letrado Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el «caso Gürtel» que investiga una supuesta trama de corrupción que implica a altos cargos del opositor Partido Popular (PP).
Este será el primer juicio al que tendrá que enfrentarse Garzón en el Supremo, donde tiene abiertas otras dos causas, investigaciones que le costaron su puesto en la Audiencia Nacional española, tribunal que tuvo que abandonar al ser suspendido de forma cautelar en mayo de 2010.
La causa por las escuchas del llamado «caso Gürtel» fue abierta a raíz de la presentación de una querella por parte de Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados, que solicita diez años de inhabilitación para Garzón.
La representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, pide una condena de diecisiete años de inhabilitación.
La Fiscalía reclama la absolución de Garzón, al considerar que no cometió los delitos de prevaricación judicial y de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales que se le imputan.
Además de la causa de las escuchas, el juez tiene también pendiente de juicio otra por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y aún está en fase de instrucción la relativa al dinero que recibió para organizar cursos durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
Tras su salida de la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, le autorizó a trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda), como consultor externo de la Fiscalía.
También le ha permitido trabajar durante un año como consultor externo en la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de apoyo al proceso de paz en Colombia, así como incorporarse al Comité de Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, del que fue elegido miembro el pasado 6 de julio. EFE
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