Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Finalmente no pasó en la Asamblea el fraudulento proyecto de ley que hubiera terminado enterrando los actos ilícitos cometidos, en perjuicio de los bancos que cerraron por la crisis de finales del siglo pasado, por los innumerables administradores nombrados por el Estado durante los más de diez años que estuvieron bajo su control.
Semejante intento tenía inocultable olor a dolo; consistía en demagógicamente hacer responsables de todas las pérdidas patrimoniales de esos bancos, cortadas al año 2010, a los accionistas y administradores de la época privada, cosa que a primera vista parecería «popular»; pero con ello los perjuicios producidos durante la administración estatal hubieran sido pagados por quienes no los causaron, exonerando en esa forma las pillerías de la última -y larga- época. Linda la cosa, cubrir atracos ajenos, como si los privados fuesen responsables, por ejemplo, de que se hayan feriado activos valiosos «vendiéndolos» a precios viles, o de la -por ser piadoso- inoperancia en el cobro de los créditos.
Fue la oportuna alerta del asambleísta Enrique Herrería, el mismo día en que se iba a votar aquel esperpento, la que pudo detener lo que hubiese pasado a la antología del fraude, que se quería entronizar vía ley; y también la sensible reacción del asambleísta Paco Velasco -presidente de la comisión de la que salió el texto, a todas luces engañado por alguien- quien ante la alerta decidió modificarlo, ajustando la redacción que mereció el voto de más de noventa asambleístas.
Finalmente, entonces, el proyecto aprobado el pasado martes manda a que la Superintendencia de Bancos cobre coactivamente las deudas a todos quienes con sus actos las causaron, tanto en la época privada como en la estatal, como es bastante elemental. Para ello la Junta Bancaria deberá expedir la reglamentación del caso, disponiendo que previamente esa Superintendencia particularice responsabilidades para luego iniciar las coactivas, que es lo que desde siempre debió hacerse e inexplicablemente (o muy explicablemente…) se ha omitido hasta la fecha, pese a que el reglamento dictado en la época de Gloria Sabando, hoy derogado, disponía claramente que así se actúe.
Obviamente hay que esperar que el proyecto aprobado en la Asamblea se convierta primero en ley; en eso tiene ahora la palabra el presidente de la República. Un veto sería impensable.