Las gestiones para la entrega de los diez últimos uniformados rehenes de las FARC en Colombia avanzan de manera positiva y adecuada, coincidieron este martes en Bogotá el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la asociación de familiares de cautivos y liberados por el grupo guerrillero.
Las partes implicadas dijeron por separado que se han logrado progresos en la discusión del protocolo de seguridad para la misión humanitaria, que pareció quedar en firme con el anuncio de entrega conjunta de los diez que los rebeldes hicieron hace dos días.
El Secretariado o mando central de las FARC lo hizo el domingo pasado, en una declaración pública en su sitio en internet en la que también anunció que proscribía de inmediato las «retenciones de personas» con fines financieros, práctica que el grupo mantenía desde hace 25 años, la casi mitad de su trayectoria armada.
La asesora de comunicación pública del CICR, María Cristina Rivera, dijo a Efe en Bogotá que el organismo humanitario y el Gobierno de Colombia, por intermedio del Ministerio de Defensa, han logrado avances en el protocolo de seguridad para la misión.
El del protocolo «es un texto casi que estandarizado, que hemos manejado en otras ocasiones», dijo Rivera en referencia a misiones del pasado en las que el CICR recibió a una quincena de cautivos, entre ellos varios políticos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) los pusieron en libertad de 2008 a 2011, de manera gradual e incondicional, tendencia que rompieron ahora con el anuncio de que entregarán conjuntamente a sus últimos diez rehenes.
Los cautivos por liberar son cuatro militares y seis policías que cayeron en manos de los insurgentes entre 1998 y 1999, en distintos ataques y regiones del país.
El CICR y el Gobierno, representado por Jorge Enrique Bedoya, viceministro de Defensa para Políticos y Asuntos Internacionales, volverán a encontrarse mañana para continuar con la discusión del protocolo de seguridad.
«Son reuniones rutinarias, que hemos tenido permanentemente y que nos van a permitir dar los pasos previos para que, una vez se den fechas y lugares, se pueda reaccionar rápidamente», subrayó la asesora del organismo.
Los encuentros también son con el colectivo civil Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), encabezado por la exsenadora liberal Piedad Córdoba y que toma parte en estas gestiones por aceptación de las FARC.
El más reciente de ellos fue el lunes por la tarde en la sede del CICR, donde el delegado en Colombia del organismo, el español Jordi Raich, recibió a Córdoba y a otros miembros del CCP.
Entre ellos estaba Marleny Orjuela, presidenta de la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), designada por el mismo CCP como portavoz para la entrega de estos rehenes.
«Creo que las gestiones van por buen camino», dijo a Efe la activista Orjuela, para quien «se está trabajando con toda la prudencia y el respeto que merecen nuestros seres queridos, que se están pudriendo desde hace tantos años en la selva».
En el mismo papel de portavoz del CCP para la futura operación, la presidenta de Asfamipaz irá a la primera reunión conjunta de todas las partes implicadas prevista en principio para el jueves próximo en el Ministerio de Defensa.
Además del CICR, el CCP, Asfamipaz y, obviamente, el Ejecutivo, a la cita concurrirá una representación de Brasil, cuyo Gobierno aceptó hace poco facilitar de nuevo los medios logísticos para la misión, que según Córdoba no podrá realizarse antes de un mes.
«Vamos con paso firme, pero despacio y tranquilos«, exclamó Orjuela, que dirige la Asfamipaz desde su creación hace catorce años y cada semana se manifiesta en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, por la liberación de los rehenes.
Como en el pasado, serán el Gobierno colombiano y el CICR los firmantes del protocolo de seguridad, pero, asimismo, deberá contar con la aceptación del Ejecutivo brasileño y de las FARC. EFE