En octubre pasado, el diputado Gerónimo Yantalema presentó un proyecto de «Ley de Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes contra el Fraude Hipotecario cometido en España», en el que pretendía que en Ecuador no se reconozca la validez jurídica a los compromisos financieros contraídos para adquirir las viviendas en España, dizque por haber sido establecidos bajo condiciones de «ilegalidad y fraude»; y que los jueces ecuatorianos queden impedidos de «…tramitar cualquier demanda que tenga como origen los compromisos financieros del fraude hipotecario, ejecutado en España». El Consejo de Administración Legislativa, en decisión del 16 de noviembre de 2011, se negó a tramitar el proyectito. Huelgan más palabras.
No tiene absolutamente ningún sentido que, temprano por la mañana del jueves 22, varios funcionarios del Ejecutivo realicen llamados para que se desarrollen pacíficamente las movilizaciones callejeras si la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, desde que empezó el 8 de marzo, ha sido atacada por una escalada de violencia simbólica expresada en las palabras y en los gestos del presidente Rafael Correa y en la infame propaganda concebida por el régimen y pagada con dineros públicos. Esto es la doblez: hacernos creer que el gran poder propicia la neutralidad cuando, en realidad, ha preparado un terreno minado.
D.R. ©® La República EC. Todos los derechos reservados.