BUENOS AIRES (AP) — El servicio de metro de Buenos Aires comenzó a funcionar este martes después de una huelga sin precedentes de diez días en reclamo de un aumento salarial y mejoras laborales.
Roberto Pianelli, representante del sindicato integrado por los llamados metrodelegados, dijo a periodistas anoche que el acuerdo alcanzado con la empresa Metrovías, concesionaria del servicio, es «transitorio» y «mínimo» porque no contempla la negociación por un aumento salarial.
La medida de fuerza, iniciada el 3 de agosto, afectó al millón de usuarios que viajan diariamente en las seis líneas de subterráneos y de premetro (tren de superficie), que se vieron obligados a utilizar otros medios de transporte público, como autobuses. Ello generó múltiples trastornos de tráfico y el malhumor de los capitalinos.
Las partes en disputa firmaron finalmente un convenio en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad que contempla ventajas laborales para los trabajadores, como mayores períodos de licencia por maternidad, adopción y fallecimiento, además de una suma fija extraordinaria con los sueldos de agosto que rondará una suma de entre 1.600 y 3.200 pesos (347 y 695 dólares) según la categoría de los trabajadores.
«No estamos contentos, sino aliviados», dijo Pianelli, quien criticó duramente al alcalde Mauricio Macri. El gremialista dijo que la discusión sobre el aumento salarial fue pospuesta para una futura negociación. Los trabajadores reclamaban un incremento de 28%.
Según los metrodelegados, las mejoras en las condiciones laborales constituyen «una solución transitoria» que no los satisface íntegramente». Además solicitaron al gobierno de la ciudad que anule la multa dispuesta a los sindicalistas por no acatar la semana pasada la conciliación obligatoria para negociar.
Metrovías también firmó el mismo acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor, el sindicato del metro que no se plegó a la huelga y es menos combativo.
La empresa concesionaria dejó en suspenso el aumento salarial en función de contar con los fondos que reclama que el alcalde destrabe, en caso de que el funcionario acepte el control del tren subterráneo.
La protesta tuvo un trasfondo político ya que el gobierno peronista de la presidenta Cristina Fernández y el de Macri, de signo conservador, se responsabilizan mutuamente del control del servicio de metro.
Macri ha denunciado que los metrodelegados responden a la presidenta.
El gobierno nacional anunció a fines de 2011 su voluntad de transferir el servicio a la ciudad. Las partes firmaron un acta de acuerdo en enero, pero al poco tiempo Macri dio marcha atrás argumentado que la administración central no le había transferido los fondos pactados. La presidenta cuestionó al alcalde y no acepta que su administración se haga cargo del metro, cuyo control está en una suerte de limbo.
El sistema se privatizó en 1991 pero se ha mantenido operando gracias a los altos subsidios del gobierno nacional. Sin embargo, desde enero la presidenta ha dejado en manos de la alcaldía la responsabilidad de la mayor parte de los fondos necesarios.
Macri afirma que la presidenta quiere destruir la independencia financiera y política de la ciudad y acusa al gobierno de haber desatendido las necesidades de mantenimiento del metro que a su entender es «inseguro».