Por Edwin Britez
Asunción, Paraguay
El 16 marzo de 2007 publiqué una columna bajo el título de “La soledad del Congreso ecuatoriano” y en ella criticaba el silencio ante el atropello que sufría entonces el Parlamento de Ecuador. Cité concretamente el silencio del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que tiene 9 principios “inalterables”, uno de los cuales dice “la no intervención”.
Entre otras cosas, decía en aquella columna: “Tal vez sea muy apresurado o la reacción de las instituciones son muy lentas, pero no leí ni escuché ninguna preocupación y menos pronunciamiento de instituciones o naciones democráticas sobre la dramática situación del Congreso ecuatoriano, al cual despojaron de más de la mitad de sus miembros porque no están dispuestos a acompañar la dudosa iniciativa del presidente de la República de modificar la Constitución.
Ya pasó más de una semana desde que el Tribunal Supremo Electoral, hermana de nuestro TSJE, dispuso la remoción de 57 de los 100 miembros del Congreso, que en consecuencia no puede sesionar válidamente.
El pecado de los parlamentarios, todos de oposición, fue haber destituido al presidente de la Justicia Electoral por convocar –sin consentimiento del Congreso– a un referéndum para la Constituyente que promueve el gobierno del presidente Rafael Correa, a fin de cambiar la Constitución con el propósito inocultable de disolver el Congreso.
¿De qué se acusa a los miembros destituidos del Congreso? De obstruir el proceso electoral de convocatoria al referéndum, propuesta del presidente recientemente elegido de aquel país, donde se está imponiendo el modelo de Hugo Chávez de utilizar la mayoría para modificar la Constitución y reunir poderes extraordinarios.
Por el momento, un juez se animó a suspender la destitución de los parlamentarios, pero todo parece indicar que Correa utilizará a la turba para atracar, no solamente el Congreso –como ya lo hizo– sino para amedrentar a jueces y a todo aquel que se interponga.
Es probable que el Congreso ecuatoriano no sea tampoco la viva representación de las virtudes éticas y políticas, pero tanto los suspendidos como los oficialistas fueron elegidos por el sistema democrático, el mismo que ungió presidente a Rafael Correa.
Me extraña que el Parlatino, por ejemplo, no haya dicho ninguna palabra sobre el tema, conste que se define como una institución democrática…, “representativa de todas las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos legislativos”.
El Parlatino se ocupó inclusive del Día del Consumidor, pero no se dio por enterado de la grave situación del Congreso ecuatoriano. El punto cinco de sus principios habla de la pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada. Sin embargo, una barra brava molió a palos y a patadas a sus colegas, la policía oficialista impidió el ingreso a los legisladores a la sede, y no pasa nada con el Parlatino, ni con los congresos nacionales de los “países hermanos”.
El Parlatino es hoy otra cosa totalmente distinta a la del 2007, cuando Correa hizo sacar a patadas a más de la mitad de los miembros del Parlamento de su país para instalar a los suyos. Hoy el Parlatino quiere intervenir, a pesar de su “inalterable” principio. Se empeña en sancionar al Congreso paraguayo, por haberse alzado en contra de la corriente predominante del chavismo de sacar a uno de los suyos.
El objetivo “b” de esa entidad propugna “defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y participativa, con estricto apego a los principios de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos”. Pero Dilma y Cristina ya echaron líneas en la ONU para que este principio sea pisoteado en todos los organismos dominados por el chavismo, de modo que ya saben de antemano la resolución del Parlatino sobre Paraguay.
* Edwin Britez es periodista paraguayo. Su texto ha sido publicado originalmente en el diario ABC Color, de Paraguay.