MADRID (AP) — Mientras la oposición en bloque exigía este viernes una explicación pública al presidente Mariano Rajoy, la fiscalía española dijo ver indicios suficientes para investigar la presunta trama corrupta que afecta al gobernante Partido Popular y no descartó tomar declaración al jefe del gobierno español.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defendió la honorabilidad del jefe del Ejecutivo y anunció que Rajoy comparecerá el sábado en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del comité ejecutivo del partido.
«Llevo 12 años trabajando con Mariano Rajoy y yo lo que he visto en estos 12 años es siempre una conducta ejemplar», dijo Sáenz de Santamaría al término del Consejo de Ministros. «Nunca le he visto saltarse una norma y siempre ha dado ejemplo a los que trabajábamos con él de una vida recta», agregó.
Los supuestos apuntes contables del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, destapados por el diario El País, documentan pagos sistemáticos de sobresueldos en dinero bajo la mesa a dirigentes del partido, incluido el propio Rajoy. La información ha sacudido la política española justo en un momento especialmente delicado para el país en su lucha por salir de la crisis y evitar un rescate económico de la Unión Europea.
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, aseguró ayer que la decisión de abrir una investigación independiente sobre las revelaciones de El País o incorporarla a la causa ya existente que afecta a Bárcenas se tomará en días.
Torres-Dulce afirmó que Rajoy tendrá que testificar si fuera necesario.
La presunta contabilidad paralela es el último de una lista de escándalos en torno a la figura de Bárcenas tras descubrirse que ocultaba 30 millones dólares en una cuenta en Suiza.
La lista de beneficiados mencionados en los papeles de El País incluye a Rajoy y destacados ex ministros de la anterior etapa popular en el gobierno como Angel Acebes, Javier Arenas y Francisco Alvarez Cascos.
El 70% de los pagos vulnera la ley, según el diario. Supuestamente, el dinero provenía de suculentas donaciones de empresas privadas, fundamentalmente del sector de la construcción.
Lo que está en tela de juicio es la propia financiación del partido y el posible trato de favor que recibían esas compañías por sus aportaciones económicas.
Los populares siguen negando la veracidad de esa contabilidad alternativa y abogan por un ejercicio de transparencia.
«Tenemos que sacar todos los papeles para defendernos», dijo Alfonso Alonso, portavoz popular en el Parlamento.
El caso Bárcenas, que empezó en 2009, ha despertado en un amplio sector de la población española el sentimiento de que los políticos se enriquecen con total impunidad mientras la sociedad paga la crisis con fuertes recortes y subidas de impuestos.
Interrogado por la pérdida de credibilidad del gobierno y la petición de dimisiones y elecciones anticipadas por parte de grupos minoritarios, Sáenz de Santamaría admitió que los ciudadanos merecen explicaciones, pero garantizó la estabilidad del Ejecutivo y su programa.
«Este es un gobierno estable, con mayoría parlamentaria y con la tarea importante de sacar este país de la crisis», señaló.
En ese sentido, el ministro de Economía Luis de Guindos subrayó que no ha observado un impacto directo del caso en los mercados ni una preocupación en sus socios europeos, pendientes de las políticas del gobierno español por corregir el déficit, su volumen de deuda, la recesión y la tasa de desempleo de 26%.
Tras la tensión vivida a mediados del año pasado, España vive un período de relativa tregua. Sus costes de financiación han bajado considerablemente en los mercados de deuda y parece consolidarse la idea de que el país ibérico podría eludir el rescate europeo y equilibrar sus cuentas sin ayuda externa.
«Lo que preocupa a los mercados es la política económica del gobierno», afirmó De Guindos.