Montevideo, 5 feb (EFE).- La dura política antitabaco de Uruguay enfrenta desde hoy su mayor prueba de fuego con el inicio en un tribunal de arbitraje del Banco Mundial de un juicio impulsado por el gigante mundial del tabaco Philip Morris para ser indemnizado por las pérdidas ocasionadas por la aplicación de las leyes uruguayas.
El juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en París, constituye el punto culminante de un pulso que mantienen desde 2008 la tabacalera y el pequeño país sudamericano.
El PIB uruguayo es casi seis veces menor que los ingresos anuales de su rival en este litigio, que puede marcar el futuro de leyes similares que se están estudiando en todo el mundo.
Si pierde, Uruguay afrontará una multa de 2.000 millones de dólares, suma similar a la de la mayor inversión extranjera recibida en la historia del país.
Por el contrario, si Uruguay gana, sentaría jurisprudencia internacional sobre las medidas que un Estado puede tomar para defender la salud pública y combatir el consumo de tabaco sin violar convenios internacionales de protección de inversiones.
La lucha de Uruguay contra el tabaco, que finalmente culminó con el enfrentamiento legal con Philip Morris (PM), arrancó con la asunción en 2005 del presidente Tabaré Vázquez, el primer gobernante de izquierdas de la historia del país, médico oncólogo de profesión y un declarado enemigo del tabaco.
Inmediatamente, el país se alineó con las políticas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y comenzó a aplicar medidas cada vez más restrictivas, la primera de ellas una fuerte subida de impuestos para elevar el precio de los cigarrillos.
En marzo de 2006 Uruguay se convirtió en el primer país de la región donde quedó prohibido fumar en todo espacio cerrado, tanto público como privado, so pena de fuertes multas, y dejó a los fumadores uruguayos la única posibilidad de fumar en la calle o en su casa.
Esas medidas se empezaron a cumplir a rajatabla, con algunos casos de pública notoriedad, como cuando un lujoso hotel se vio obligado a pagar una multa de más de 10.000 dólares por haber permitido fumar al músico español Joaquín Sabina en sus instalaciones.
Para 2007, el consumo de tabaco había bajado un 30 % en el país y el Gobierno preparaba nuevas medidas, que se concretaron en 2008, cuando quedó totalmente prohibida la publicidad de cigarrillos y se obligó a que cada marca tuviera una sola presentación de producto.
Además se eliminó el uso de palabras como «light», «mild» o «suave» por inducir a pensar que se trata de algo «menos dañino», y primero el 50 % y luego el 80 % del espacio de las cajetillas quedó destinado a mostrar impactantes fotografías sobre los efectos del tabaco sobre la salud.
Estos últimos pasos fueron demasiado para PM, que consideró que se había expropiado «su propiedad intelectual sin compensaciones» y se le había ocasionado una «perdida sustancial del mercado».
El sucesor de Vázquez en 2010, el también izquierdista José Mujica, mantuvo e incluso endureció estas políticas, y en febrero de ese año la multinacional presentó su demanda ante el Ciadi, acusando a Uruguay de haber faltado al tratado de protección de inversiones que el país mantiene con Suiza.
La denuncia fue considerada en Uruguay como un «chantaje» de PM para dar «un escarmiento ejemplarizante que sirva para que otros países que desarrollan políticas públicas para el control del tabaco no sigan ese camino».
En los meses siguientes PM anunció el cierre de sus fábricas en Uruguay para trasladarlas a Argentina, desde donde sigue suministrando al país, aduciendo entre otros motivos que los fuertes impuestos a sus productos dejaban el mercado en manos de los traficantes.
Uruguay ha ido recabando apoyos para enfrentar este litigio de la OMS y la ONG del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que junto a Tobacco Free Kids y World Lung Foundation donaron 500.000 dólares para cubrir los gastos de este juicio.
Como paradoja, durante el período previo al juicio en París Uruguay cobró relevancia internacional por el anuncio de su Gobierno de legalizar y monopolizar la producción y venta de marihuana como instrumento para combatir el narcotráfico. EFE
* Foto difundida por EFE