QUITO, Ecuador (AP) — El pronunciamiento de organismos regionales en torno a la disputa que mantienen la petrolera estadounidense Chevron Corp. y comunidades amazónicas de Ecuador en un juicio vigente por daños ambientales, carece de validez jurídica, indicó la transnacional.
Estas declaraciones escritas del vocero de la compañía, James Craig, enviadas a The Associated Press, se registraron tras la advertencia del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien convocó a la «unidad latinoamericana» para rechazar el laudo de un tribunal internacional que suspende la sentencia que obliga a Chevron al pago de 19.000 millones de dólares como indemnización.
Craig señaló que cualquier declaración de bloques regionales «no tendrá ningún efecto, puesto que estos organismos carecen de jurisdicción o autoridad para afectar de manera alguna dicho laudo».
Añadió que «el tribunal (internacional) es la única autoridad debidamente constituida para resolver la disputa entre Chevron y el Ecuador bajo lo establecido por el BIT (Tratado Bilateral de Protección de Inversiones)».
Según la cancillería ecuatoriana en un reciente comunicado, la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) se pronunció días atrás «en rechazo a las acciones de Chevron» en contra de Ecuador.
Informó que el bloque se reunirá en marzo en Quito para analizar los juicios que enfrentan varias naciones del sur y que son impulsados por corporaciones transnacionales, a fin de intercambiar información jurídica y establecer «mecanismos para procurarse apoyo mutuo».
Correa ha cuestionado en sus últimas declaraciones públicas la decisión de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, que se declaró competente para conocer la queja de Chevron que aduce irregularidades y fraude en el juicio que fue sentenciado en primera instancia por un juez ecuatoriano.
El gobernante calificó como un «abuso completo» la suspensión de la sentencia al invocar un tratado de protección de inversiones de 1997, cuando la petrolera dejó el país en 1992, sumado al riesgo de que en caso de incumplir la disposición sea el estado ecuatoriano el que deba asumir los costos del juicio y el pago de la cuantiosa indemnización.
Al respecto, Craig precisó que la petrolera «no salió del país en 1992 ni terminaron sus inversiones en ese año», pues continuó operando en el país hasta 1998 en proyectos de remediación ambiental y proyectos comunitarios, por unos 40 millones de dólares.
Una corte Federal de Estados Unidos ordenó el 25 de febrero a una entidad bancaria en Miami que «devele información de ocho cuentas ligadas a los abogados y representantes de los demandantes» ecuatorianos a los que Chevron acusa de irregularidades, informó la petrolera en un comunicado escrito.
Chevron rechaza el pago por la contaminación con aguas residuales y desechos de la industria petrolera, aduciendo que ya se realizó la mitigación del daño por parte de Texaco Petroleum Co. mucho antes de 2001, cuando se convirtió en su subsidiaria.