BUENOS AIRES (AP) — El oficialismo logró la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de blanqueo de dólares que, según afirma, busca reactivar la economía argentina, mientras para sus críticos premia a los evasores fiscales y daña la imagen del país.
El proyecto legislativo de blanqueo, que ya contaba con el respaldo del Senado, fue convertido en ley anoche con 130 votos afirmativos del oficialismo y sus aliados, mientras 107 opositores votaron en contra.
Los opositores afirmaron durante el debate previo a la votación que la ley implica el reconocimiento del fracaso de la política económica gubernamental y favorecerá el lavado de dinero, delito por el que en las últimas semanas han sido señalados financistas y empresarios ligados al gobierno.
El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, rechazó que la ley vaya a atraer el dinero proveniente de actividades ilegales, como el narcotráfico, y negó que el gobierno busque aumentar las reservas internacionales, que han caído en los últimos meses y están en 38.819 millones de dólares, según las últimas cifras disponibles en la página de internet del Banco Central. El legislador oficialista también indicó que la norma canalizará fondos hacia los sectores energético, de la construcción e inmobiliario.
El blanqueo de capitales impulsado por la presidenta Cristina Fernández permitirá a las personas físicas o jurídicas ingresar sus dólares no declarados al circuito formal de la economía a través de la compra de tres instrumentos financieros nominados en la divisa estadounidense: el Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria (Cedin), el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que los sujetos que adhieran al blanqueo no estarán obligados a informar al fisco el origen de los fondos y por lo tanto quedarán liberados de cualquier acción civil, comercial y penal tributaria en su contra. También quedarán eximidos del pago de impuestos por las sumas que declaren.
Al defender el proyecto, el titular de la comisión de Presupuesto Roberto Feletti aseguró que «en ningún momento suspende las normas sobre lavado de dinero».
Explicó que el único beneficio a otorgar a quienes blanqueen capitales es la «exención impositiva», pero aclaró que una vez ingresados esos fondos al «circuito bancario formal, las instituciones financieras tienen la obligación de aplicar la normativa de lavado de dinero».
Sin embargo, el opositor izquierdista Claudio Lozano afirmó que esta ley es «un traje a medida para los lavadores» de dinero además de inequitativa. «En un país donde los trabajadores que pagan (el impuesto a las) Ganancias se multiplicaron por cuatro, es injusto permitir que los que se la llevaron en pala (se llevaron grandes sumas de dinero) por actos delictivos puedan blanquear sin costos», sostuvo.
Otros opositores indicaron que la determinación del oficialismo de aprobar esta ley demuestra que la economía está estancada. Asimismo afirmaron que la nueva legislación discrimina a la moneda local y da «privilegios al que tiene dólares en negro» además de constituir un gigantesco mecanismo de evasión fiscal.
Los expertos afirman que con esta ley aumentará la desconfianza en Argentina por parte de los organismos internacionales de combate al lavado, lo que a su vez mermaría la inversión extranjera.
Según el viceministro de Economía Axel Kicillof unos 200.000 millones de dólares no declarados por los argentinos se encuentran ocultos en el país y el exterior. En 2008-2009 tuvo lugar una medida oficialista similar en Argentina que permitió un blanqueo de unos 4.000 millones de dólares.
Los que deseen ingresar dólares no declarados al circuito legal tendrán tres meses desde el momento en que se promulgue la norma.
La ley establece que las personas físicas y jurídicas con dólares no declarados deben depositar el dinero en una entidad bancaria. A cambio recibirán los Cedin emitidos por el Banco Central para ser utilizados en operaciones inmobiliarias y construcción de viviendas o el bono Baade en dólares, que vence en 2016 y paga un interés de 4% anual. El Baade será destinado a programas de inversión en la petrolera estatal YPF y otros proyectos de infraestructura. El pagaré se usará para financiar la inversión pública en los sectores de infraestructura e hidrocarburos.
La transacción de inmuebles, que en Argentina se hace tradicionalmente en dólares, cayó abruptamente desde que el gobierno restringió la compra de la divisa en noviembre de 2011 para detener la incesante fuga de capitales. Los ahorristas que quieren dólares se están volcando en el mercado paralelo de divisas para mantener el poder adquisitivo en un contexto de una inflación anual de 25%, según estimaciones privadas.
El jueves el dólar oficial cotizaba a 5,28 pesos por unidad mientras que en el mercado informal estaba a 8,87 pesos.