La policía boliviana busca a persona que fue enterrada viva

Bolivia (AP) — Una veintena de policías, un fiscal y un forense arribaron el martes a un remoto pueblo de los andes bolivianos para desenterrar el cuerpo de un hombre que fue sepultado vivo en la misma fosa de su víctima a la que supuestamente violó y mató hace una semana, informó una fuente judicial.

«Vamos a desenterrar, haremos una necropsia al cuerpo y se lo entregaremos al padre de la víctima para que le dé sepultura en su comunidad», dijo el martes el fiscal Milton Jara desde el poblado de Colquechaca, a 333 kilómetros al sureste de La Paz, donde ocurrió el linchamiento de Santos Ramos, de 17 años.

El gobierno envió refuerzo policial para permitir que el fiscal y el forense hagan su trabajo ante la amenaza de más de un centenar de habitantes de aldeas vecinas que tras hacer justicia por sus manos han impuesto un código del silencio en el poblado y rechazan que las autoridades investiguen el crimen.

Las autoridades identificaron a Ramos como el autor de la violación y muerte de Leandra Arias, de 35 años, ocurrida en la comunidad de Surumi cerca de Colquechaca entre el 1 y 2 de junio, dijo el fiscal Jara a radio Erbol.

Más de un centenar de aldeanos capturaron al sospechoso, «lo golpearon y ataron frente a su víctima en el velorio y el lunes pasado en la noche trasladaron a ambos al cementerio. Empujaron a Ramos al fondo de la fosa boca abajo y amarrado, encima colocaron el féretro de la mujer y después cubrieron con tierra la tumba», relató Jara.

Según el fiscal, los dos policías de Colquechaca, un poblado de unos 5.000 habitantes, no pudieron detener a la turba porque no portaban armas, sólo gas pimienta. Desde ese día un grupo de aldeanos se apostó en el cementerio para impedir el ingreso de las autoridades.

Las familias de Ramos y Arias eran rivales y mantenían una disputa por tierras de pastoreo. «En una oportunidad una hermana de Ramos arrojó tierra a la cara de Arias y le dijo: ‘tanto peleas por tierra, tierra vas a comer»’, relató el fiscal.

Siriaco Fringido, locutor quechua de la Radio Comunitaria Colquechaca, dijo a la AP por teléfono que la calma retornó al pueblo. «Desde la ventana veo el cementerio y todavía no ha comenzado la excavación», dijo. L os indígenas que hacían vigilia se han retirado.

El caso estremeció al país a pesar de que los linchamientos se producen con cierta frecuencia en zonas rurales y barriadas pobres de las ciudades donde es escasa la presencia de la policía y de funcionarios judiciales. Colquechaca tiene dos policías, un fiscal y un juez.

El gobierno dijo que los responsables de la muerte de Ramos serán procesados pero hasta ahora han sido pocos los casos en que instigadores de linchamientos son juzgados y condenados por la justicia, en parte por protección de los mismos pobladores.

La constitución vigente desde 2009 reconoce la justicia indígena, la misma que otorga autoridad a líderes de comunidades rurales a juzgar delitos menores según sus costumbres ancestrales. Pero la justicia indígena no reconoce la ejecución, habitualmente castiga a latigazos y en los casos más graves expulsa a los supuestos culpables.

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