Bernardo Tobar
Quito, Ecuador
Constantemente nos preguntamos por la identidad nacional, escurridiza cuando Guayaquil se declaraba ciudad abierta en 1941 o ahora, con el aislamiento voluntario de los pueblos ancestrales, con territorios bajo régimen y justicia indígena, con la ruptura del estado unitario en que se empeña una reducida minoría.
Tal identidad es dudosa. Y tampoco hay que forzarla; para qué mentirnos con parentescos estrechos cuando podemos convivir perfectamente como primos lejanos o simples conocidos de barrio, cuando la riqueza proviene, precisamente, de mantener diferenciados los elementos de la diversidad, de preservar sus colores y formas, que la fusión diluye.
Forzar su particular visión del mundo sobre una mayoría mestiza es la contradicción esencial del movimiento indígena en el Ecuador, al menos según la posición de su organización, la Conaie, y de su brazo político, Pachacutik, nombre tomado -vaya curiosidad de un colectivo que se pretende nacionalista y democrático- del primer emperador inca, el peruano que buscó extender el Tahuantinsuyo por la fuerza a territorio ecuatoriano, tanto como el sumak kawsay es el nuevo credo que se pretende imponer a la nación. Es un contrasentido usar la bandera nacional e intentar imponer a la mayoría una visión que responde a sus privilegios étnicos, que hoy intentan extremar una vez más al reclamar la consulta prelegislativa sobre un cuerpo legal de alcance general -la ley de minería y su reforma-, aplicable por igual a ecuatorianos y extranjeros.
Si estaríamos frente a una ley para fijar los límites de tierras ancestrales o regular el ejercicio de la justicia indígena en relación con los derechos humanos -para mencionar tan solo dos derechos colectivos que amparan únicamente a esta minoría-, se trataría en efecto de un proyecto que les afecta directamente y en consecuencia les tiene que ser consultado por mandato constitucional; mas tratándose de una ley de alcance general, como por ejemplo la de mercado de valores o de regulación del agua a la que tenemos derecho todos los habitantes del territorio, ¿por qué habrían de tener las comunidades indígenas un privilegio a ser consultados que no tienen los mestizos, los afroecuatorianos o cualquier colono sin bandera étnica?
La deuda de la discriminación histórica no debe transformarse en licencia para avanzar en la conquista de derechos especiales, de beneficios excluyentes y de posiciones que contradicen esenciales principios de igualdad ante la Ley, no obstante que se trata de temas fundamentales para el destino general del País.
Va siendo hora de que el movimiento indígena y sus satélites políticos dejen de ser los protagonistas de la negación y abandonen su pretensión de árbitros de la agenda nacional -pretensión que les ha sido negada consistentemente en las urnas por los ciudadanos- y empiecen a proponer iniciativas positivas, que empujen al Ecuador hacia el futuro, donde hayan más dinámicas y palabras de colaboración e integración, que de lucha, oposición o resistencia. Lastres y frenos los ha tenido el Ecuador históricamente. Es hora de levar anclas, especialmente las mentales.
* El texto de Bernardo Tobar ha sido publicado originalmente en el diario HOY.