Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
No es una coincidencia que Edward Snowden, el joven técnico buscado por Estados Unidos por revelar secretos militares, haya recurrido a dos periódicos privados, como son The Washington Post y The Guardian, de Londres, para denunciar al mundo entero el programa de vigilancia del gobierno estadounidense. Snowden no recurrió al Congreso, ni a la Fiscalía, y menos a la secretaría de prensa de la Casa Blanca para entregar la información que había obtenido. Y de existir en Estados Unidos medios de comunicación de propiedad gubernamental, seguramente no se le hubiese ocurrido ir donde ellos.
Como se conoce, los mencionados medios, por ser privados, caen en la categoría de “prensa mercantilista” o “prensa corrupta” que el presidente Correa ha inventado para perseguir a los medios independientes. La compañía propietaria del Post es, efectivamente, una empresa privada con fines de lucro. Gracias a su independencia económica, tanto del gobierno como de los grupos de presión económica y partidos políticos, el Post puede criticarlos con toda libertad, tal como lo ha hecho durante su historia, y tener una excelente planta de periodistas, así como mantenerse a la vanguardia de la costosa tecnología informática. Que es, por lo demás, lo que sucede con la mayoría de los medios privados ecuatorianos.
Probablemente el oficialismo no se ha preguntado cómo es que su héroe Snowden confió su información a la “prensa mercantilista” que ellos tanto odian.
Pero Snowden no es el único que confiaría en los medios de comunicación privados para hacer revelaciones de abusos del poder. Lo mismo haría cualquier ecuatoriano que quisiera emularlo. Supongamos que exista un programa de vigilancia y espionaje en el Ecuador parecido al de Estados Unidos, e imaginémonos que exista algún empleado o contratista del gobierno que termina creyendo que es su deber moral revelarlo al país, ¿alguien cree que ese Snowden ecuatoriano iría a la prensa burocrática para entregarle esa información?
Si bien el gobierno ha negado que exista en el Ecuador un sistema de espionaje con fines políticos, sí ha aceptado que tiene uno para prevenir y reprimir a la delincuencia común.
El problema es que durante los últimos años el gobierno ha expandido impresionantemente el concepto de lo que es criminalidad común para incluir en ella a la protesta social, la expresión disidente y hasta la simple opinión periodística. Los acusados de terrorismo, sabotaje, rebelión, injurias por la prensa, y de delitos contra la seguridad del Estado han crecido notablemente, y coincide que los sospechosos y acusados son generalmente críticos del gobierno. Siendo estos últimos tan criminales como los narcotraficantes, desde la óptica del gobierno; lo lógico –y escalofriante– es concluir que ellos estarían también sujetos al anunciado plan de espionaje.
Ahora ya se entiende por qué el gobierno parece empeñado en destruir a los medios de comunicación privados mediante insultos, leyes mordaza, códigos penales y juicios millonarios de daño moral. Ellos serían los únicos que podrían revelar al mundo asuntos que quiere ocultar. Y si no, pregúntenle a Snowden.