Montevideo, 16 jul (EFE).- Uruguay registró 2.550 abortos en los primeros seis meses desde su despenalización a finales de 2012, una media de 456 mensuales, y no reportó en ese tiempo ninguna muerte materna por interrupciones del embarazo practicadas en situaciones de riesgo, dijeron hoy las autoridades sanitarias.
La ministra uruguaya de Salud Pública, Susana Muñiz, y el subsecretario, Lionel Briozzo, revelaron a la prensa los primeros datos estadísticos desde que la norma entrara en vigor y destacaron los efectos positivos tras la despenalización.
Briozzo destacó que estos datos suponen unos 10 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, lo que contrasta con los más de 40 por cada 1.000 que se estima se produjeron en el país entre los años 1995 y 2002, cuando el aborto era ilegal y no existían políticas educativas sobre sexualidad.
«Esta cifra es similar a la registrada en Europa Occidental, lo que nos llena de orgullo y lo que tira por tierra los infundios que apuntaban que con el aborto legal, éstos se iban a disparar», apuntó Briozzo.
Para el subsecretario, lo que implican estos números es que «si uno está contra el aborto, lo que debe hacer es apoyar su despenalización».
Además, Briozzo subrayó que mientras entre 1995 y 2002 los abortos de riesgo eran responsables del 35% de las muertes maternas, la eliminación de este riesgo ha llevado al país a tener la menor tasa de mortalidad de todo el continente americano tras Canadá y los EE.UU.
El funcionario destacó, además, que tan sólo el 15 % de los abortos se practicaron a mujeres menores de 19 años, cuando éstas son responsables del 17 % de los nacimientos en el país, y que aproximadamente entre el 6 % y el 10 % de las mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria de los embarazos finalmente los llevaron a término.
Junto a esto, Briozzo anotó que el 30 % de los ginecólogos de Uruguay solicitó no realizar abortos, en línea con lo que se estimaba por las autoridades.
El aborto fue despenalizado por el Parlamento uruguayo en octubre pasado con el voto mayoritario del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), pero con una escasa mayoría.
La legislación despenaliza las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 12 de gestación, siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Estos procedimiento incluyen unos plazos rigurosos y la supervisión de una comisión formada por ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales que asesora a la mujer sobre riesgos y otras opciones antes de recurrir al aborto.
Para combatir esta ley, activistas antiabortistas, apoyados por parlamentarios de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado, reunieron firmas y lograron que la Corte Electoral convocara a un «acto de adhesión» en el que se pedía a los ciudadanos que votaran si querían un referéndum para eliminar la norma.
Ese acto, sin embargo, fracasó rotundamente, y sus impulsores dieron por zanjada su lucha contra esta norma. EFE