Perú (AP) — La fiscalía culminaba el viernes las exhumaciones realizadas desde mediados de julio de más de un centenar de cadáveres de presos acusados de terrorismo que fueron asesinados por uniformados en 1986 tras amotinarse en la cárcel de Lurigancho en Lima.
Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Alan García y los motines se propagaron a las prisiones de El Frontón y Santa Bárbara. Las fuerzas armadas y la policía aplastaron el motín con un sangriento saldo final total de más de doscientos presos muertos.
«Tras la matanza en el Penal San Pedro (ex Lurigancho), las fuerzas armadas enterraron los cadáveres clandestinamente en cementerios de Lima o en zonas cercanas», dijo a la AP Pedro Coello, abogado de los familiares de los fallecidos.
La denuncia penal de los deudos, iniciada en 2001, busca enjuiciar por homicidio calificado a los funcionarios del primer gobierno de García (1985-1990) que resulten responsables. Se incluyen 30 funcionarios, «pero García ha sido excluido», añadió el letrado quien sostiene que volverá pedir su inclusión en el proceso.
La investigación a cargo de la primera fiscalía supra provincial de Lima exhumó el viernes 16 restos enterrados en un cementerio de Huacho y otros de Barranca, ambas zonas cercanas a la capital peruana. Los trabajos forenses también se realizaron en otros 15 cementerios. La AP pidió declaraciones a la fiscalía, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
Tania Vílchez, hermana de Alfonso Vílchez, uno de los muertos, expresó esperanzas de que la justicia encuentre a los responsables de lo que ella llamó un «genocidio».
Vílchez, quien asistió a 17 cementerios de Lima donde se realizaron exhumaciones, dijo que había observado varios cráneos con orificios presumiblemente realizados con armas de fuego.
Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el estudio más importante que explica la violencia política que sufrió Perú entre 1980-2000, las cárceles eran centros de acción política para la guerrilla Sendero Luminoso, «que estaba organizado y desarrollaba sus actividades subversivas dentro de los penales con conocimiento y tolerancia de las autoridades».
La CVR calculó que los peruanos muertos y desparecidos por la violencia en Perú alcanzaron la cifra de 69.000, la mayor parte atribuidos a Sendero Luminoso.
El grupo maoísta asoló Perú con una escalada de matanzas y atentados terroristas iniciada en 1980, pero fue neutralizado en 1992 con la captura de su máximo líder y fundador Abimael Guzmán, quien purga actualmente cadena perpetua.