Intento descifrar las percepciones de Raúl Castro, sesenta años después del ataque al cuartel Moncada.
En tiempos recientes ha sido muy común entre los estudiosos del derecho señalar las falencias que posee la ley de comunicación. Del mismo modo, y sin decirlo expresamente, han dejado claro (penosamente) que poco o nada se podrá hacer para que estas falencias —en realidad inconstitucionalidades— sean corregidas (por vía de la declaratoria correspondiente) por parte de la justicia constitucional. Las razones las conocemos todos.
Por las fiestas julianas he escuchado y leído argumentos de por qué Samborondón y Durán deberían anexarse a Guayaquil para formar un distrito metropolitano. Parece lógico, incluso algunas autoridades municipales de Guayaquil viven en Samborondón. Además, como ejemplo está Quito, que es un distrito metropolitano al cual pertenecen parroquias como Tumbaco, Pifo, Tababela, Guayllabamba, entre otras. Ahora bien, es curioso que muchos de quienes proponen esto, proponen también la descentralización del poder de Quito. Si bien son casos diferentes, ir a realizar un trámite en Quito siendo de Guayaquil para nada será lo mismo que ir a realizar trámites en Guayaquil siendo de la Puntilla, sustancialmente tienen las mismas consecuencias.
Ante la avalancha de temas que aparecen diariamente, es necesario abordarlos con la debida oportunidad ya que pasan los días y dejan de ser de interés, por eso me voy a permitir comentar algunos:
En el Ecuador hay un impuesto de 2 centavos a cada botella plástica, un impuesto que, en teoría es «ecológico», pero que en la práctica es una costosa manera de fomentar el reciclaje de las botellas de refrescos del norte del Perú. Si bien el objetivo del impuesto era bueno (reducir la contaminación causada por las botellas), para que realmente funcione había que ponerle a esa noble idea un poco más de lógica económica y, sobre todo, poner la carga tributaria en la raíz del problema.
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