Ley uruguaya no pretende fomentar consumo de marihuana ni ser modelo mundial

Montevideo, 6 ago (EFE).- El presidente de la Junta Nacional de Drogas uruguaya, Julio Calzada, aclaró hoy en una entrevista con Efe que la legalización de la marihuana no pretende fomentar el consumo de esa droga y que Uruguay no desea convertirse en «un modelo» mundial, pero es «soberano» para dictar sus propias leyes.

En su oficina de la sede presidencial uruguaya, situada a un solo piso del despacho del presidente José Mujica, Calzada señaló que la normativa forma parte de una «política global» contra «los cuatro principales problemas de drogas del país: la marihuana, el tabaco, el alcohol y el uso de medicinas sin prescripción».

«Apostamos en todos los campos a reducir la base de la pirámide» y «creemos que la mejor forma (de hacerlo) es regular todas esas sustancias», explicó.

Calzada rechazó las críticas a la supuesta falta de congruencia del oficialismo por la legalización del cultivo y la venta de marihuana en un país que es estandarte de la lucha antitabaco internacional y cuyo Parlamento intenta impedir las «barras libres» o las llamadas «happy hours» en el caso del alcohol.

«Como son sustancias diferentes la forma de regulación tiene que ser diferente», argumentó.

Además, el proyecto sobre la marihuana «es más restrictivo que el del tabaco», pues «no habrá marcas, no habrá propaganda» y el Gobierno realizará las «campañas de prevención selectivas» y de «formas de consumo menos dañinas para la salud como la vaporización o el uso por ingesta».

«El objetivo es reducir los riesgos y los daños que producen el uso de drogas, pero la humanidad ha consumido drogas a lo largo de su historia» y Uruguay lo único que ha hecho es «romper el tabú», sostuvo Calzada, crítico de la lucha contra el narcotráfico solo por la vía de la represión.

Esa vía -detalló- solo sirve para «tapar el sol con un dedo» porque «los usos problemáticos de drogas tienen que ver con las sustancias pero también con las relaciones entre las personas».

Asimismo, dijo no estar preocupado por la reacción de los países fronterizos, Argentina y Brasil, porque los tres comparten el «derecho a desarrollar políticas soberanas» aunque dijo entender que haya «preocupación».

Calzada explicó que Uruguay, donde el consumo de marihuana está autorizado desde hace años, no pretende que su plan «sea modelo para nadie» sino que funcione a nivel interno contra los vendedores de droga, a los que se responsabiliza en parte del aumento de la delincuencia juvenil.

Respecto a la advertencia lanzada la semana pasada por la ONU de que Uruguay estaría vulnerando las leyes internacionales, consideró que «es parte de las reglas del juego» y recordó que el organismo multilateral «desde hace más de treinta años le hace recomendaciones a Holanda porque no está cumpliendo las convenciones en su totalidad».

También detalló que compañías y profesionales extranjeros han mostrado ya al Gobierno uruguayo su interés en producir marihuana en el país si el Senado acaba ratificando la ley aprobada por los diputados la semana pasada, algo que podría suceder este mismo año.

Entre ellos uruguayos residentes en el exterior «que han trabajado en esto en los últimos 10 o 15 años» y «viven en Estados Unidos, Holanda, España, Alemania», pero además «empresas de Holanda, Israel, Inglaterra y Canadá que se dedican a esto», dijo.

Según la ley uruguaya, la marihuana deberá ser producida por empresas o por clubes debidamente registrados, como los consumidores.

En el primer caso «se van a tener que licitar seguramente entre veinte y cuarenta licencias» para que controlen «entre 20 y 40 hectáreas» de los 17 millones de hectáreas cultivables de Uruguay, una nación de larga tradición agropecuario.

Las firmas tendrán que producir las «entre 20 y 22 toneladas al año» estimadas para abastecer al mercado, un volumen que será mayor si se empieza a producir no solo con fines recreativos, sino también para usos terapéuticos, como plantea la ley, para lo que será necesaria «una producción con mayor escala».

Sobre los clubes, Calzada especificó que funcionarán como «asociaciones civiles» o «cooperativas», podrán tener entre 15 y 45 miembros y «van a tener que dar garantías de seguridad de dónde está la producción y cómo la van a distribuir».

Los 40 gramos que se han fijado como consumo mensual para las personas que se registren darán para un porro (cigarrillo) diarios como mínimo al día.

Su costo se calculará haciendo un promedio entre la marihuana más cara y la más barata del mercado negro, lo que da en la actualidad unos 2,5 dólares por gramo o cigarrillo, según se desprende las cifras ofrecidas por la Junta Nacional de Drogas.

Según Calzada, el producto tendrá un costo fijo impuesto por el Estado y será más competitivo que la marihuana ilegal porque ofrecerá al usuario tres aspectos que la otra no puede ofrecer: calidad, precio y seguridad. EFE

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