La Fiscalía General boliviana anunció este jueves que ha solicitado a la Interpol la emisión de una «notificación roja» para la captura y entrega del senador opositor Roger Pinto, que huyó a Brasil la semana pasada tras más de año y medio refugiado en la Embajada de ese país en La Paz.
El fiscal general interino, Roberto Ramírez, explicó que la solicitud fue enviada tras hacer una «valoración de todos los procesos investigativos y los mandamientos de aprehensión que pesan en contra el senador Roger Pinto», según un comunicado del Ministerio Público.
Ramírez recordó que hay tres órdenes de aprehensión contra Pinto emitidas en 2012 y este año por tribunales bolivianos, como parte de algunos de los procesos abiertos por la justicia local por supuestos casos de corrupción.
«Esta persona (Pinto) tiene que responder por los procesos investigativos por hechos de corrupción, por eso son activados estos mecanismos internacionales para que se puedan efectivizar estas órdenes de aprehensión, éste es el trámite que se sigue siempre cuando una persona se declara rebelde«, dijo Ramírez.
Según la Fiscalía boliviana, el hecho de que una persona sea objeto de una «notificación roja» significa que se ha solicitado a todos los países que la identifiquen o localicen para su posterior detención preventiva y extradición.
El senador opositor fue acogido en la embajada brasileña el 28 de mayo de 2012, fecha en que pidió asilo político a Brasil bajo el argumento de que era objeto de una persecución política, lo que han negado las autoridades bolivianas. Un año antes, en marzo de 2011, el senador Pinto había acudido al Palacio Quemado con una copia de un informe de inteligencia que supuestamente detallaba una reunión de 2010 que habrían tenido el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana y la directora de la Agencia para el Desarrollo de Zonas Fronterizas en el departamento del Beni, con un importante narcotraficantes brasileño, Maximiliano Dorado Munhoz Filho.
Según un artículo de la prestigiosa revista brasileña Veja, publicado en julio de 2012, el informe señala que ambos “entraron en la casa de Max con las manos vacías y salieron 20 minutos después con dos maletines. El contenido de los mismos es desconocido”.
El informe de Inteligencia nunca ha sido investigado, pero Morales acusó a Pinto de corrupción y poco después una corte dictó orden de prisión en su contra. El político logró escapar a Brasil el pasado viernes con el apoyo de responsables de la Embajada brasileña en La Paz, lo que causó una crisis diplomática entre ambos países y desembocó en la dimisión del ministro brasileño de Exteriores, Antonio Patriota.
Las autoridades bolivianas acusan a Pinto en varios juicios de presuntos actos de corrupción por 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros), denuncias que el político opositor ha rechazado siempre.
La Fiscalía recordó que el senador fue condenado a un año de cárcel por un tribunal boliviano que le declaró culpable de daños económicos al Estado calculados en unos 1,7 millones de dólares (1,3 millones de euros).
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Dilma Rousseff, se reunirán mañana en Surinam, donde participarán en la Cumbre de la Unasur, para buscar una solución a la crisis abierta por el caso Pinto.
* Con textos de EFE