Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Explicaba la semana anterior cómo, con la ley de lavado de activos, puede caérsele a la banda local parapetada tras las empresas de papel “exportadoras”, pues la rudimentaria tesis de que cualquier delito se habría cometido solo en Venezuela se desinfla porque la cadena de ilicitud que produjo los activos lavados empezó en el Ecuador –no en el extranjero-;y la ley ecuatoriana sanciona no solo a los prestanombres, sino a quienes directa o indirectamente se beneficien del fraude, así como a quien lo “Organice, gestione o asesore” (Art. 14, letras a y d).
Una digresión: para cortar la más ligera sospecha de estar incurriendo en el linchamiento mediático al que se refiere la ley de comunicación (Art. 10, 4º, j), aclaro que no me he puesto de acuerdo con persona alguna para, al referirme a este asunto, “desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, más allá del nulo prestigio o la nula credibilidad de aquella banda, criollo símil del grupo de asaltantes de casinos de la famosa película “Ocean´s eleven”.
Hecha la aclaración, prosigo: en columna publicada este martes en El Comercio, refiriéndose a las antedichas exportaciones fantasmas, y luego de explicar que “…al hacer las operaciones desde el Ecuador, enraízan una actividad ilegal, que va desde recibir dólares de exportaciones fraudulentas, a buscar mecanismos para lavar el dinero mal habido”, reclamaba Walter Spurrier que: “Por el buen honor del Ecuador, urge que las autoridades puedan pronto producir nombres de presuntos delincuentes, cantidades incautadas, en fin demostrar efectividad en la represión de este floreciente delito”.
La buena noticia es que la fiscal Paola Molina, en el Azuay, parece estar siguiendo las pistas adecuadas (proceso penal iniciado contra funcionarios de la cooperativa Coopera, donde se encuentran cosas muy interesantes). La función judicial azuaya en general se ha distinguido por su corrección; tiene aquí una prueba de fuego.