En un reciente fallo, de abril de este año, un tribunal arbitral que actuó bajo reglas del CIADI condenó a México a pagar a una empresa española casi 40 millones de dólares, por la clausura de un depósito de residuos que había sido construido con los permisos respectivos pero que nunca pudo entrar en operación por la posterior oposición de un alcalde, apoyado por un movimiento social de la localidad. La semana anterior, el secretario de Economía mexicano –en declaraciones a la agencia EFE, reproducidas en varios medios- confirmó que es decisión de su gobierno no impugnar el laudo. Según el despacho en cuestión, el secretario Ildefonso Guajardo explicó que «la evaluación que se hace de este caso es que los elementos que afectan al mismo son tan claros en el incumplimiento por parte de la autoridad municipal que estaríamos desperdiciando recursos valiosos de la nación en llevar el caso a tribunales».
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