Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador
Ecuador acaba de recordar la triste fecha del 30 de septiembre. “El día que triunfó la democracia”, según se encarga de vender la gigantesca maquinaria de propaganda del gobierno. Mientras tanto, en la misma semana, la Asamblea Nacional autoriza explotar dos bloques del Parque Nacional Yasuní. La justicia niega una acción contra el uso de niños en propaganda oficial porque supuestamente no se prueba que la haya realizado la SECOM. Se condena con razón los crímenes socialcristianos, mientras se premia con altas funciones de Estado a los terroristas de Alvaro Vive Carajo. Y la joven —de edad, pero no de ideas— presidenta de la Asamblea invita a los ricos a comer mierda en plena legislatura. Y entonces vale la pena reflexionar si tanta propaganda hueca sobre el 30S no está dejando de lado los temas fundamentales que deberían preocuparnos para alcanzar la democracia en la vida real.
Antes que nada, ¿qué es la democracia? Muy en resumen: un modelo social donde las decisiones políticas se toman por mayoría de los gobernados, respetando las normas jurídicas y protegiendo siempre los derechos humanos. Justamente, el caso del Yasuní ITT es un gran ejemplo de que ese modelo aún no ha triunfado en Ecuador. Tanto el Presidente que pidió explotar, como la Asamblea Nacional que acaba de autorizarlo, ni han cumplido la Constitución ni han respetado los derechos humanos. Y, para colmo, el carácter mayoritario de su decisión está en seria tela de duda, mientras que se ordenan toda clase de obstáculos para avanzar hacia una consulta popular y continúa un espectacular bombardeo mediático para convencer de los beneficios de explotar el ITT a esa misma población a la que antes se convencía de los beneficios de conservar intacto el Yasuní.
No hay ninguna excepción para explotar el ITT.
¿Por qué digo que se ha violado la Constitución? Lean el artículo 407:
“Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.”
La Constitución exige que la explotación obedezca a un motivo “excepcional” para ser autorizada por la Asamblea Nacional. Y eso hasta ahora no se prueba. En ninguna parte del pedido del Presidente o de la autorización de la Asamblea hay un plan económico de cómo se gastarán o invertirán los recursos del ITT. Ni una letra. ¿Necesitamos dinero para salir de la pobreza? La Asamblea autorizó explotar alrededor de 16 mil millones de dólares en petróleo (no, ya no son 18 mil), en los próximos 25 a 30 años. Sin embargo, el gobierno ya ha explotado 64 mil millones de dólares de crudo y ha tenido 150 mil millones de dólares en presupuesto: ¿por qué 16 mil millones ahora sí traerán alcantarillado y salud? ¿Por qué no se priorizó eso con todo el dinero anterior?
Seamos más puntillosos: el mismísimo Secretario Nacional de Planificación del Ecuador dijo que el plan del buen vivir, que incluye todas las maravillas que supuestamente se harán explotando el ITT, ¡ya está totalmente financiado! Entonces la explotación es solo para que el ya garantizado buen vivir se logre “más rápido”. Pero el mismo Secretario, al ser preguntado por este punto, aclaró que los plazos del plan del buen vivir… no se van a reducir explotando el ITT. ¿Y entonces?
Por otro lado, aun cuando fuera indispensable tener más dinero para combatir la pobreza, lo cual no está demostrado, ¿por qué no son suficientes, por ejemplo, los más de 200 mil millones de dólares que tenemos en reservas mineras ya certificadas? (a diferencia de gran parte del petróleo del Yasuní, que son reservas “probables”, no “probadas”…)
Cambiaron el discurso para autorizar un etnocidio.
Pero lo más grave es la cuestión de derechos humanos: en el Yasuní hay pueblos no contactados, cuya vida está en peligro por la explotación. Lo dijo el mismo Ministerio de Ambiente de este mismo gobierno. Lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La página web oficial de la iniciativa Yasuní ITT mencionó la protección de los pueblos no contactados como una de las principales razones para conservar este paraíso natural. En marzo de este año, en el bloque 16 ya murieron más de 30 indígenas en una matanza provocada por la presión social que genera la actividad petrolera en las condiciones de vida de los tagaeri y taromenane.
Pero todo lo anterior, que es fácilmente verificable y ha sido reconocido por el mismo gobierno, desaparece por arte de magia cuando cambian los objetivos del poder. A los pueblos no contactados, que sufrieron una matanza en el bloque 16, ahora literalmente los “borraron del mapa”. Hoy se exhibe un nuevo mapa del Ministerio de Justicia que dice no saber si están ahí. Más allá de que eso negaría de raíz uno de los principales argumentos de la iniciativa Yasuní ITT y admitiría que se engañó a todo el mundo, lo sorprendente es que no hay un solo estudio concluyente que permita sostener este abrupto cambio de posición. Ni uno solo. Tanto es así que el gobierno, con prudencia, dice que “no sabe”. Lo insólito es que se gasten millones de dólares para saber si hay petróleo, pero no se gaste ni una pequeñísima parte de eso para saber si se va a arrasar con vidas humanas. Y más insólito es que, confesando su propia ignorancia, el oficialismo autorice la explotación, abriendo la puerta a un etnocidio prohibido en el artículo 57 de la Constitución.
A ello, por supuesto, se replicará que se ha resuelto detener la explotación si se llega a contactar a algún no contactado. Más allá de que se debe hacer lo contrario (es decir, autorizar la actividad solo cuando se pruebe que no están ahí), la realidad los desmiente. Ya hubo una matanza en marzo. Y la explotación no se detuvo.
¿La mayoría quiere la explotación? ¿En serio?
Dije al principio que la democracia es que la mayoría decida respetando derechos y normas. Algunos pretenderán, como ha pasado antes, hacer tabla rasa de todo invocando que el partido oficialista tiene ganó ampliamente las últimas elecciones. Pero eso no sería correcto. No hay prueba de que el pueblo ecuatoriano quiera la explotación. Al contrario, en la última elección el 57% del Ecuador votó por un candidato presidente que dijo que continuaría la iniciativa de conservar el petróleo del ITT. Es muy lógico, entonces, preguntarle a los ecuatorianos si han cambiado de opinión con la misma velocidad que sus políticos en el gobierno. De ahí que un grupo ciudadano, Yasunidos, pida una consulta popular. Pero, a pesar de lo que dice el Presidente en las sabatinas, ya se mueven los resortes del poder para boicotearlas. Primero, se amenazó con incluir preguntas contra los medios. Segundo, la Corte Constitucional, manejada por el oficialismo, se hace de la vista gorda con el pedido para autorizar la consulta mientras deja que los hechos se consumen en la Asamblea. ¿Por qué tanto miedo?
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En definitiva, tres años después del 30S, la explotación del Yasuní ITT demuestra que la democracia aún está lejos de triunfar en Ecuador. Al contrario, sigue derrotada por los mismos poderes de siempre, el político y el económico, que se camuflan de gobierno en gobierno, de revolución en revolución, para conseguir que sus intereses se cumplan, a toda costa, sin importar las normas ni las mayorías ni los derechos humanos.
Twitter: @hectoryepezm