Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Ignorado por sus compatriotas australianos quienes en las últimas elecciones prácticamente no prestaron atención a su candidatura al Senado, Assange parece ser fuente inagotable de iniciativas de los más variados colores. Según un reciente anuncio ahora el Gobierno está considerando llevar su caso ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Debemos entender que el Reino Unido sería la parte demandada, y que la razón para nuestro reclamo sería que la posición de ese país al desconocer el asilo diplomático que le concedimos violaría el derecho internacional.
Acudir a La Haya con el caso Assange lo único que aseguraría es atraer algo de la atención mediática, y nada más. Atención que, por lo demás, se disiparía en menos de un día. Y lo más probable es que, luego de años de litigar y una vez que la Corte resuelva que el Reino Unido no ha violado el derecho internacional, el Ecuador vuelva a encontrarse en un callejón sin salida.
Ha pasado ya más de un año desde que Assange está instalado en nuestra embajada en Londres. Las implicaciones de largo plazo de haberle concedido un asilo diplomático, y de persistir en el mismo, parecen no haberse calibrado lo suficiente. Al hacker australiano lo busca la justicia sueca por abuso sexual. Y él, por su parte, alega que Estados Unidos lo persigue por haber divulgado sin autorización miles de comunicaciones oficiales reservadas del gobierno de ese país.
En aquellos países donde se acepta la figura del asilo diplomático, (que es diferente al asilo territorial) –y que son prácticamente aquellos de América Latina– su otorgamiento implica, entre otros, una posición internacional de repudio a los motivos de la persecución a la víctima por parte del Estado concedente.
El caso de Assange es difícil entenderlo bajo estas coordenadas. No parece que el abuso sexual, que es la razón que esgrime Suecia para solicitar al Reino Unido su extradición, sea una conducta aceptada por el Estado ecuatoriano. (Y eso a pesar de una vergonzosa sentencia de la Corte Constitucional que sacó de prisión al violador de una menor bajo el argumento que era un perseguido político…).
¿Y qué decir de lo otro, de la divulgación no autorizada de correspondencia oficial con terceros? Un simple observador podría concluir que el Estado ecuatoriano no ve nada de reprochable en esta conducta desde el momento que ha dado protección diplomática a quien podría clasificarse como el campeón mundial de los violadores de las correspondencias oficiales. ¿Puede el día de mañana el Estado ecuatoriano oponerse a que se divulguen comunicaciones oficiales sin previa autorización, luego del caso Assange?
Si bien los ecuatorianos tienen derecho a conocer de todas las comunicaciones oficiales, su divulgación requiere de un procedimiento previo. Lamentablemente esta respuesta jurídica se ha debilitado políticamente luego de nuestra decisión de proteger diplomáticamente al hacker australiano.
En todo caso, el Gobierno debería meditar con mucha prudencia antes de embarcarse en una demanda internacional en contra del Reino Unido por un caso como el de Assange.
* El artículo de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.