Ecuador (AP) — Un juez ecuatoriano dispuso el embargo de 50 marcas y sellos de propiedad de la empresa estadounidense Chevron que estaban registrados en este país, en el marco de una sentencia judicial que dispone a esa empresa el pago de 19.000 millones de dólares por contaminar parte de la amazonia norte de Ecuador.
El presidente subrogante de la Corte de Justicia de Sucumbíos, Wilfrido Erazo, ordenó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el embargo de 50 marcas y sellos considerados bienes intangibles de Chevron en Ecuador.
Entre las marcas embargadas están Havoline, Texaco, Ursa, Geotex, Multigear, entre otras, que quedaron bajo custodia del Instituto.
Esta acción se produce en el intento de los abogados de un grupo de ecuatorianos que demandaron a Chevron por contaminación, de obtener el pago de la multimillonaria sentencia del 2012, que ordenó a Chevron pagar 19.000 millones de dólares.
El director del Instituto de propiedad intelectual, Andrés Icaza, en declaraciones al canal de televisión Ecuavisa, explicó que la acción «significa que están prohibidas de ser enajenadas, no pueden ser transferidas, y adicionalmente que las regalías que se están generando sobre estas marcas, no van hacia el titular de las marcas, sino hacia el que tiene el embargo (los demandantes)».
El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, en declaraciones a la AP, dijo que «lo resuelto por el juez significa que se están ejecutando (por orden judicial) los pocos activos que Chevron tenía en Ecuador, económicamente no sabemos cuánto cuesta, porque aún hace falta la valoración de los peritos, aunque sabemos que son marcas devaluadas».
Aclaró que este embargo «es un hecho simbólico más que monetario».
Agregó que «ahora nos toca conversar, discutir y negociar con los ecuatorianos que tienen esas marcas bajo su responsabilidad, porque nuestra intención no es hacer ningún daño al mercado, queremos llegar a un acuerdo con estas empresas para que puedan seguir comercializando esos productos, pero que paguen las regalías a los demandantes y ya no a Chevron».
El vocero de Chevron para América Latina, James Craig, ante una consulta de The Associated Press acerca de este caso, respondió que lo ocurrido «es una violación más al derecho internacional de parte de la república de Ecuador. Es otra muestra de la inexistencia del Estado de Derecho en el país y evidencia de la colaboración entre el Gobierno y los abogados demandantes para avanzar el fraude contra Chevron».
Texaco operó en Ecuador entre 1972 y 1990. En el 2001 fue adquirida por Chevron, que desde entonces se hizo cargo de una demanda de pobladores de la amazonia ecuatoriana que reclamaban la contaminación de sus tierras y el daño de personas, animales y cultivos, ríos selva, entre otros.
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