Supremo venezolano delibera sobre juicio a diputada opositora

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano inició este jueves el antejuicio de mérito para determinar si se abre un proceso a la diputada opositora María Aranguren, acusada por la Fiscalía de supuesto peculado doloso (apropiación de fondos públicos), legitimación de capitales y asociación para delinquir.

La fiscal general, Luisa Ortega, hizo la petición formal ante el pleno del TSJ que cuenta ahora con cinco días para dar una respuesta, que de ser afirmativa podría llevar a que la Asamblea Nacional (AN) a retirar la inmunidad parlamentaria de la que goza Aranguren como diputada para poder de esta forma ser enjuiciada.

Ortega alegó supuestas irregularidades detectadas en la época en la que la diputada fue presidenta de una empresa inmobiliaria en la capital del estado Monagas (oeste) creada con dinero público.

Según la fiscal, esta empresa hizo contratos por «3 millones de dólares», cantidad que, dijo, «excedía la capacidad» del capital de 10.000 bolívares (1.587 dólares) de la empresa para organizar conciertos y eventos deportivos. Además pagó los dólares sin estar registrada en los organismos autorizados para la adquisición de divisa extranjera.

«Supongo que ese pronunciamiento (el del TSJ) será antes. Expedito. Pienso que eso realmente va a ser ya. Va a ser muy rápido. Y por supuesto me siento perseguida«, declaró a los periodistas Aranguren a las puertas del TSJ tras la vista, al afirmar que pone la inmunidad de su cargo «a la orden» para que se la enjuicie «como debe ser».

La legisladora aseguró que la Fiscalía ya le inició un procedimiento en 2008 en Monagas (estado oriental por el que es diputada) sin que entonces se hallaran evidencias para procesarla.

Aranguren, una diputada disidente chavista, ha declarado en más de una ocasión que esta «maniobra» de la Fiscalía tiene como objetivo sacarla de la Asamblea Nacional para que su suplente, Carlos Flores, tome su lugar y vote a favor de dar poderes especiales al presidente del país, Nicolás Maduro, como este ha solicitado.

La denominada Ley Habilitante, como se denomina este permiso, otorgaría a Maduro la capacidad de legislar sin contar con el control legislativo de la AN, pero para su aprobación se requiere una mayoría cualificada de 99 diputados y el chavismo teóricamente cuenta con 98.

Esta no es la primera vez que la fiscal general, Luisa Ortega, solicita al TSJ una medida de este tipo.

El 20 de mayo Ortega pidió al organismo evaluar si existían méritos para enjuiciar al diputado opositor Juan Carlos Caldera por dos delitos de corrupción, entre ellos lavado de dinero, respuesta que todavía no se ha dado.

La vista para determinar si se abre juicio a Caldera tendrá lugar el próximo 6 de noviembre.

En julio pasado, el TSJ aceptó la petición del Ministerio Público para procesar por supuesto fraude tributario y enriquecimiento ilícito al también diputado opositor Richard Mardo, cuya inmunidad fue levantada el 30 de julio. EFE

 

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