Vicente Albornoz
Quito, Ecuador
A ratos parecería que los funcionarios públicos nos creen tontos a todos los ciudadanos. Y creen especialmente tontos a los pobres. Si no, no nos «darían haciendo» tantas cosas (y dejarían que las hagamos nosotros mismos).
Empecemos con una pregunta. ¿Quién es mejor solucionando los problemas de un niño pequeño, su madre o un funcionario público? Si somos sinceros, la respuesta es que evidentemente la madre sabe qué problemas tiene su hijo y cómo solucionarlos.
Claro que la familia podría ser pobre y no contar con los recursos para solucionar el problema, ante lo que habría dos opciones: que el Gobierno lo solucione directamente o que les dé a los padres los recursos necesarios para que ellos escojan la mejor solución. Y esto se puede aplicar a muchos temas, por ejemplo salud, educación o nutrición.
Si se quiere ser solidarios con las personas de ingresos bajos, en educación hay dos opciones: que el Estado dé la educación o que el Estado dé a los padres los recursos para que eduquen a sus niños donde consideren conveniente, en la escuela que prefieran y con el enfoque que más les guste.
Pero como el Gobierno considera que los padres van a tomar la decisión errada, lo que hace es ofrecer directamente el servicio. Pero en países no muy distantes al nuestro, como Chile, sí existen programas educativos financiados por el Estado, pero que dejan abundante libertad a los padres. Claro que para implementar un programa de esos no hay que tenerle miedo a la libertad.
El Bono Solidario es un buen ejemplo de una ayuda a los más pobres, pero sin limitar la libertad de qué hacer con los recursos recibidos. Y eso es bueno, porque difícilmente se me ocurre una persona más adecuada que una madre para administrar bien los recursos del Bono.
Seguro que por ahí habrá alguna madre que se gaste esos USD 50 al mes en alcohol y drogas, pero la abrumadora mayoría deben utilizar esos recursos con sorprendente sabiduría.
¿Se imagina usted los niveles de corrupción que habría si el Gobierno derogara el bono y, por ejemplo, entregara directamente alimentos a las madres? Y eso sin pensar en la calidad de los alimentos o si son los que les gustan a los niños. Afortunadamente ese subsidio, creado en 1998, se entrega directamente a los beneficiarios y se les deja absoluta libertad al usarlo.
Desgraciadamente el Bono Solidario es sólo el 2% del gasto público. En el 98% restante, es el Gobierno el que decide qué debemos hacer. Obviamente no todas las decisiones podrían pasar a manos de los ciudadanos (justicia, seguridad), pero muchos temas sociales sí podrían descentralizarse a las personas.
Por ejemplo, qué bueno sería si se pudiera crear un sistema descentralizado de salud, pagado por el Estado, pero donde el ciudadano pueda escoger el prestador de servicios. Eso hasta incentivaría la competencia en la salud.
El texto de Vicente Albornoz ha sido publicado originalmente en El Comercio.