Quito, 5 nov (EFE).- Organizaciones sociales de Ecuador denunciaron hoy múltiples violaciones de derechos humanos de las que acusaron al Gobierno del país, al tiempo que exigieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga para poner fin a tales acciones.
Representantes de esos colectivos sociales aseguraron que los supuestos abusos afectan a «periodistas, dirigentes sociales y ciudadanos en general» y solicitaron una visita al país de responsables de la CIDH «para que conozcan de primera mano el grado de deterioro de los derechos humanos en Ecuador».
Las organizaciones presentaron el 28 de octubre sus denuncias ante la CIDH en Washington, y hoy en una conferencia de prensa, dijeron que solicitaron también al organismo interamericano «que formule recomendaciones al Estado para garantizar el pleno respeto y protección» de los derechos en el país andino.
En materia de libertad de expresión, instaron al organismo a elevar un dictamen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre imposiciones normativas en materia de comunicación semejantes a las que establece la nueva ley sobre la materia aprobada en Ecuador y, del mismo modo, sobre normas promulgadas en el país en relación con la libertad de asociación.
El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quechua del Ecuador (Ecuarunari), Carlos Pérez, dijo a Efe que la comparecencia en Washington tuvo el objetivo de dar a conocer estas denuncias y señaló que en el país andino hay «200 criminalizados» y «amenazados» entre los que incluyó a legisladores, maestros, periodistas e indígenas.
Pérez rechazó criticas que, según dijo, emitió el vicepresidente del país, Jorge Glas, por la comparecencia de las organizaciones en la CIDH y lamentó que representantes del gobierno ecuatoriano, invitados a esa sesión, no asistieran.
«Si tienen argumentos solidos para debatir (…) ¿porqué huyeron?», se preguntó Pérez, quien concluyó que «quien calla otorga».
El dirigente de Ecuarunari, por otro lado, indicó que algunas de estas organizaciones estudian llevar ante diferentes instancias jurídicas nacionales e internacionales la decisión del Gobierno de explotar parte del crudo que yace en el subsuelo del Parque Nacional Yasuni, en el este de la Amazonía ecuatoriana.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en octubre por mayoría de su pleno la explotación petrolera en el parque, pese a las críticas de la oposición, que teme que la actividad provoque daños irreparables en esa zona de alta biodiversidad.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había anunciado en mayo su deseo de explotar la zona, a la par que ponía fin a una iniciativa ambiental suya que pretendía dejar bajo tierra el crudo a cambio de una contribución internacional de unos 3.600 millones de dólares en 12 años, la mitad del dinero que calculaba que se podría obtener en 2006, cuando lanzó su propuesta.
Correa pidió entonces a la Asamblea que declarase de interés nacional la explotación que, en cifras actuales, supondría ingresos por más de 18.000 millones de dólares, recursos con los que pretende reducir la pobreza, especialmente en la Amazonía, y dirigir el desarrollo del país.
En opinión de Pérez, la explotación petrolera podría afectar a comunidades indígenas en aislamiento voluntario y representar un caso de «genocidio», por lo que podría ser sometido incluso a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Explicó que el asunto está en fase de estudio, pero no se descarta plantearlo ante la CPI «porque podría configurarse un delito de genocidio», dijo al señalar que «hay que evitar a toda costa el derramamiento de sangre, la desaparición de pueblos indígenas». EFE