La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó este viernes que ocho personas han muerto y 137 resultaron heridas en hechos relacionados con las protestas que vive el país desde el pasado día 12.
En su programa en la emisora Unión Radio, Ortega señaló que en el curso de la jornada de hoy 80 personas serán presentadas ante los tribunales, que ya han dictado medida privativa de libertad contra 24 personas.
Además, según el resumen de la fiscal, se han producido daños a las sedes de organismos públicos y privados, así como ataques a estaciones de metro, comercios y sedes bancarias, vehículos de policía y las casas de los gobernadores de los estados Táchira (oeste) y Aragua (centro).
Ortega precisó que hay cuatro personas fallecidas en Caracas, una en Carabobo, una en Sucre y una de Lara.
Uno de los fallecidos en el estado Carabobo fue Julio González, fiscal tercero del Ministerio Público de esa demarcación administrativa, que falleció al perder el control de su vehículo intentando esquivar una barricada en la carretera de madrugada.
Indicó que la investigación sobre el asesinato de Basil Alejandro Da Costa y Juan Carlos Montoya, los dos jóvenes que murieron en Caracas el día 12 tras la manifestación, está casi concluida y que informará «muy pronto sobre estos hechos».
Sobre una denuncia de un joven de Valencia (centro) que aseguró que había sido violado con un fusil, la fiscal señaló que eso fue una denuncia que hicieron él y su abogado a medios de comunicación.
La fiscal narró que antes de realizarse la audiencia de presentación a este y otros jóvenes se les hicieron reconocimientos médicos forenses.
«Cuando se le practicó este examen a este joven él no dijo nada sobre violación con un fusil, él nada mencionó al respecto y luego que el médico lo ausculta y le pregunta tampoco él menciona esta circunstancia», señaló, agregando que el médico determinó que había «contusiones de carácter leve».
Indicó que tampoco mencionaron esa situación en la audiencia aunque sí «malos tratos», por lo que una juez ordenó exámenes médicos e inició una investigación penal.
Ortega aseguró que independientemente de todo eso ordenó enviar un equipo de la unidad criminalista contra la vulneración de derechos fundamentales para investigar esta situación y determinar la certeza o falsedad de esa denuncia de este joven, que está siendo sometido a exámenes médicos.
«Este Ministerio Público está comprometido con la defensa de los derechos humanos (…) porque no voy a permitir violaciones de derechos humanos», agregó.
Ortega señaló que si se determina que la denuncia es cierta la población puede tener «la seguridad de que van a ser sancionados los responsables de este hecho» y si es incierto se mirará qué es lo que prevé la legislación para estos caso.
Indicó, además, que de los heridos 37 son funcionarios públicos policiales y militares. EFE