La Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) estaba en busca de un primer caso mediático para hacer notar su “fuerza”. Lo cierto es que encontró el caso, y lo resolvió mediante la “fuerza bruta”. He seguido este tema desde hace algún tiempo y me he encontrado con una situación absurda: a la supuesta autoridad guardiana de la competencia defendiendo la incompetencia de una empresa pública.
Desde hace quince años están prohibidos los créditos a personas vinculadas con un banco. Concederlos es peculado. En adición, desde la consulta popular de 2011 se prohibió que los banqueros sean accionistas de empresas ajenas a la actividad financiera. Entonces, la posibilidad de que un banco entregue créditos a empresas de propiedad de sus accionistas o administradores es, según la ley, prácticamente nula, a más de constituir un delito.
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