Anonimato

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Se acostumbra ahora informar sobre procesos judiciales omitiendo el nombre de los involucrados. Solo se mencionan sus iniciales. «L.P. fue detenido por su presunta participación en lavado de activos por exportaciones ficticias a Venezuela», por ejemplo. Ni la Ley de Comunicación ni su reglamento, sin embargo, han prohibido informar los nombres de las personas envueltas en cuestiones judiciales, siempre que los medios se abstengan de «tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas (…) hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente» (Ley, artículo 25). Es más: cuando el reglamento quiso prohibir que se publiquen los nombres de quienes están relacionados con investigaciones penales, lo dijo expresamente, como en el caso de niños o adolescentes (artículo 13).

Igual sucede con informaciones de la Fiscalía, en algunos de cuyos boletines se lee cosas como: «Fiscalía General del Estado lidera un operativo que se realiza en Quito y han sido detenidas cinco personas, entre ellas Fernando. M., exrepresentante legal de una empresa de seguros, por presunto lavado de activos» (18 de febrero de 2014). O «se mantiene por segundo día la audiencia de juzgamiento, por el presunto delito de cohecho contra 10 procesados (…) quienes supuestamente, en una cafetería al norte de Quito, la tarde del 12 de mayo del 2011, negociaban la entrega de dinero a cambio de contar con un puesto en la Función Judicial (…) Los procesados son N.C., M.S., C.R., J.E., J.R., J.C., J.M., I.R. y los hermanos J. y F. P.» (6 de febrero de 2014). Sin embargo, la misma Fiscalía en otras ocasiones sí menciona nombres, como el del general Edgar Vaca (boletín del 17 de febrero de 2014) o el del exministro Raúl Carrión (boletín del 29 de enero de 2014), sin que se conozca la causa del tratamiento diferenciado.

A propósito de la Fiscalía, han transcurrido ya dos terceras partes del primer trimestre de 2014, y es de esperar que cuando se complete cumpla la oferta de llevar a juicio al conserje argentino «G.D.» y a los reales beneficiarios del inocultable peculado con el que atracaron a Cofiec, informando quiénes son. Aunque sea con iniciales…

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