Caracas, 6 may (EFE).- Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos en Venezuela rechazaron hoy la «criminalización» que, dicen, sufren por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra su labor, desde el inicio de las protestas antigubernamentales a principios de febrero.
«Estamos varias organizaciones de derechos humanos con objeto no solo de rechazar estas amenazas, agresiones directas contra organizaciones y activistas(…) sino también con objeto de llamar la atención a los propios funcionarios públicos y al Gobierno», afirmó el director del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, en una rueda de prensa.
Para ello puso como ejemplo a varios miembros de las ONG, acusados la semana pasada por el ministro de Interior, Miguel Rodríguez, de formar parte de un plan para desestabilizar al Gobierno en anuencia con Estados Unidos, algo que ellos niegan.
Además, el director del FPV recordó que su organización tiene registradas más de 80 denuncias por «torturas y tratos crueles» por parte de las fuerzas de seguridad contra los detenidos en las protestas que sacuden el país desde principios de febrero.
Las manifestaciones contra el Gobierno de Maduro se desarrollan desde hace casi tres meses y, hasta hoy, se han contabilizado 41 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, la mayoría de estos ya en la calle con medidas cautelares, como la presentación periódica ante los tribunales.
Romero manifestó que estas 80 denuncias son solo las que se han presentado ante las instituciones oficiales, aunque afirmó que el FPV ha registrado alrededor de 500 porque «no todas las personas se atreven a denunciar ante las instituciones oficiales».
El pasado viernes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, indicó que la Fiscalía tiene adelantadas «142 investigaciones por derechos fundamentales, casos de violaciones a los derechos humanos» y que para entonces se encontraban privadas de libertad 197 personas, entre ellas 14 estudiantes, cifras que chocan con las del FVP.
Romero afirmó que, desde el 4 de febrero, su organización tiene contabilizadas 2.590 personas detenidas, de las que «más del 70 % son o han sido estudiantes» y que el número de privados de libertad es de 131 desde esa fecha.
Por su parte, el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, pidió al Ejecutivo que «respete» el trabajo de estas organizaciones ya que, al no hacerlo, se «debilita» la posibilidad de que las víctimas «puedan tener Justicia».
Asimismo, exhortó a las autoridades venezolanas, «fundamentalmente al Ministerio Público», a cumplir con su responsabilidad y a no estar, dijo, «emitiendo opiniones irresponsables que lo que hacen es encrispar más el ambiente político que hay en el país». EFE