Aún otro análisis del informe presidencial

David Ochoa
Quito, Ecuador

Seguramente muchos artículos se han escrito y leído sobre el informe de labores presentado el pasado 24 de mayo por el Gobierno Nacional, seguramente muchos de ellos concentrados en los anuncios políticos realizados. Este artículo se enfoca en analizar algunos logros y retos difundidos en ese día, bajo un análisis de políticas públicas.

1. El Presidente Correa ha opuesto, al concepto de democracia formal (elección popular de autoridades) el concepto de democracia real (dotar de iguales oportunidades a todos). Este discurso se refleja en datos concretos entregados por ministros coordinadores.
   1. El trabajo en niños de 5 a 14 años pasó, de 8% en 2006, a 2,6% en 2013. La meta debería ser erradicarlo totalmente. Es necesario analizar los actuales programas son suficientes y calcular en qué año se alcanzará el 0%. Conviene involucrar a los municipios en esta tarea.
   2. Hasta 2006, un niño indígena o una niña afroecuatoriana, tenía menos posibilidades de entrar a la escuela, que un niño mestizo. Lo mismo ocurría con un niño que vivía en el sector rural o un niño del quintil 1 de la sociedad (es decir, la quinta parte de ecuatorianos que menos ingresos tiene). La escolarización en esos grupos poblacionales era cercano al 88%, mientras que para el resto de la población, era del 91%. En 2013, la escolarización es del 95%, tanto para mestizos, como para indígenas y afroecuatorianos, igualmente lo es para niños de zonas urbanas, como rurales y para niños del quintil 1.
   3. Para entrar al bachillerato, la inequidad por etnia, pobreza o ruralidad era más extrema: mientras 48 de cada 100 adolescentes a nivel nacional entraba al bachillerato, en el mundo indígena, era la mitad: 24%. En el quintil 1 y en el medio rural, 2 de cada 3 adolescentes se quedaban fuera del bachillerato. Con los afroecuatorianos, la inequidad era un poco menor: 44 de cada 100 entraban al bachillerato. En 2013, todos estos grupos poblacionales superan tasas del 56%, pero aún hay inequidad, pues el promedio nacional es de 66%. Es decir, si un joven es pobre, indígena, afro o vive en zona rural, es más probable que se quede fuera del aula del colegio, que si es mestizo o vive en zona urbana.
   4. Contra la Ley de Educación Superior, el MPD clamaba que el examen de ingreso a la universidad pública dejaría fuera a estudiantes pobres. Cumplidos 3 años de vigencia de esa ley, en Ecuador, el 27% de jóvenes del quintil 1 accede a la universidad. En los países vecinos, esa tasa no promedia ni a la mitad y en México, apenas 7% de jóvenes del quintil 1 logran entrar a la universidad.
2. Un indicador concreto del buen vivir es la reducción del hacinamiento. Un hogar se considera hacinado si viven más personas en una superficie mínima para poder vivir dignamente.
   1. Entre 2006 y 2013, el hacinamiento se redujo en un 34%, al pasar del 18,9% de hogares al 12,4%. La tasa de reducción es más acelerada en hogares indígenas y afroecuatorianos, con reducciones de 48% y 39%, pero aún falta para igualar la medida nacional.
   2. Para 2015, el Ministerio Coordinador de Seguridad se ha propuesto incorporar el criterio de zonas no urbanizables en la planificación municipal, para asegurar que no existan asentamientos urbanos en zonas de peligro como quebradas o bordes de río. Fernando Cordero, ex alcalde, ha endosado apoyo a una ley que regule el uso del suelo, competencia municipal relacionada con temas como la gestión del riesgo y el derecho al hábitat
3. El Presidente Correa afirma que, en el pasado, la competitividad nacional se basaba en la explotación de la mano de obra, mientras que ahora se basa en infraestructura y servicios a precios accesibles debido al aprovechamiento de los recursos naturales.
   1. El desempleo abierto es inferior a un dígito y, desde 2011, el empleo pleno es superior al subempleo, al menos en la zona urbana.
   2. El IESS más que duplicó sus afiliados, al pasar de 1,3 millones de afiliados en 2006 a 2,9 millones en 2013.
   3. De su lado, tanto para vejez como para invalidez, es mayor el número de personas que dependen de programas no contributivos a cargo del MIES, frente a quienes reciben pensiones del IESS. Estas realidades, y los futuros escenarios con millones de jubilados, deberán ser considerados para plantear la nueva ley de seguridad social, anunciada por el Gobierno Nacional.
4. El discurso presidencial rechaza la mitificación de la pobreza, particularmente para indígenas, como sinónimo de buen vivir. El Gobierno no ve como negativa la acumulación material, para lo cual exige mejorar la eficiencia y la productividad de toda la economía.
   1. El Vicepresidente ha invitado a inversión extranjera, pública o privada, para generar en Ecuador industrias que impulsen la industrialización en otras ramas y modernicen el sector servicios, como la siderúrgica, la petroquímica, astillero y la industria de celulosa y papel.
   2. Obras en sectores estratégicos, particularmente proyectos de riego, ayudarán a mejorar la productividad agrícola, pero es necesario que la asistencia técnica y el financiamiento acompañen estas oportunidades, para productores de todo nivel, de modo que no sea necesario revisar las metas de sustitución de importaciones, como se hizo con el maíz, cuya autosuficiencia nacional fue originalmente anunciada para 2014, pero luego movida a 2015.
   3. El entorno macroeconómico es auspicioso: La tasa deuda externa pública/PIB es de 13,8%, inferior a casi toda la época democrática (sólo ligeramente superior a lo registrado en el segundo período de Correa).
   4. Una de las metas del Canciller de la República, economista de profesión, es mejorar la calificación de riesgo del Ecuador, lo que facilitará diversificar fuentes de financiamiento.
   5. El acceso a la justicia se ha visto mejorado con el incremento de jueces: de 6 por cada cien mil habitantes en 2006 a 11 por cada cien mil en 2013. Aún está pendiente obtener indicadores más detallados sobre el resultado de la reforma judicial.
   6. Para atraer toda esta inversión extranjera que se busca, es una condición necesaria, aunque no suficiente, ofrecer reglas claras para la inversión. Plantear una segunda enmienda constitucional en menos de siete años de vigencia de la Constitución, no ofrece un panorama general de seguridad jurídica. Las normas de específica conexión con la inversión también serán reformadas en el corto plazo, con las anunciadas reformas: laboral, tributaria y a la seguridad social.