BUENOS AIRES (AP) — Argentina pidió el lunes al juez de Nueva York que obligó al país a pagar 1.500 millones dólares por títulos en cese de pagos que suspenda la sentencia para iniciar negociaciones que permitan cancelar esa deuda.
«Estamos solicitando al juez una medida suspensiva de la sentencia que… obliga a pagar el total de lo adeudado a los (fondos) buitres al momento de hacer el próximo pago de vencimiento de la deuda argentina el 30 de junio», dijo el ministro de Economía Axel Kicillof a periodistas al referirse al escrito presentado en el juzgado de Thomas Griesa.
El funcionario señaló que esa suspensión es «esencial» para que Argentina pueda seguir pagando normalmente a los bonistas que en canjes de 2005 y 2010 aceptaron títulos de menor valor que los declarados en cese de pagos en 2001, cuando colapsó la economía del país sudamericano.
«Dialogando de buena fe», escribió la presidenta Cristina Fernández en su cuenta oficial de twitter y publicó en español y en inglés la nota enviada a Griesa. El tono ratifica el giro de su gobierno, que pasó de actitud de confrontación con el juez a otra más conciliadora y que le valió una repercusión positiva el lunes en los mercados financieros.
Kicillof sostuvo que el diálogo que el gobierno pretende abrir con Griesa debe ser «en condiciones equitativas para el 100 por ciento de los acreedores y sobre todo a los que hemos reestructurado, a los que necesitamos pagar en el próximo vencimiento» de fin de mes.
El abogado Carmine D. Boccuzzi Jr presentó a las 1740 GMT ante Griesa un escrito en nombre de Argentina pidiendo «respetuosamente» la suspensión «que le permita entablar conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para este tipo de negociaciones».
El escrito agregó que «Argentina se encuentra comprometida a entablar un diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que la negociación contemple los intereses del 100% de los acreedores».
Esa totalidad de acreedores incluye no sólo a los litigantes a los que hay que pagar lo estipulado en el fallo de Griesa -que representan un 1%-, sino a más de 92% de los bonistas que aceptaron los dos canjes de deuda y a un remanente que no litigó contra el país o que le inició juicio pero no logró fallos definitivos a favor.
El 30 de junio Argentina debe abonar 907 millones de dólares en cupones de deuda a los acreedores que ingresaron en los canjes, de los cuales 225 son pagaderos en Nueva York. Pero el fallo de Griesa establece que el país también abone al mismo tiempo y en efectivo a los «fondos buitre».
Esto gatillaría demandas de tenedores de deuda reestructurada para cobrar en los mismos términos que los inversores respaldados por la justicia estadounidense, lo que generaría una erogación de unos 15.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas internacionales de Argentina que rondan los 29.000 millones.
Los llamados «fondos buitre» han señalado en varias ocasiones al juez que no aceptarán modificaciones en el fallo.
Pero según el escrito, el país «no está en condiciones de pagar a los demandantes en su totalidad, ni de pagar la totalidad a algunos acreedores y no a otros».
Tampoco -agregó- puede usar la mitad de sus reservas «y ser dejado sin medios para administrar su moneda, manejar su economía, incluyendo atender las necesidades de su población», ni puede ignorar la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (conocida por sus siglas en inglés, RUFO) que caducará el 31 de diciembre y que permite a los reestructurados reclamar a Argentina mejores condiciones de pago si el país mejora su oferta a los acreedores que no aceptaron los canjes.
Asimismo recordó que el gobierno resolvió exitosamente varios litigios. Por ejemplo, indemnizó a la petrolera española Repsol por la expropiación en 2011 del 51% de las acciones de YPF y acordó con el Club de Paris pagar una deuda de 9.700 millones de dólares.
Finalmente la presentación enfatizó que Argentina está «comprometida al diálogo» y a resolver su problema de la deuda externa, «lo cual constituye una cuestión de interés público para todo el pueblo argentino».
El economista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, dijo a The Associated Press que «acá hay que armar una estructura legal que permita cancelar (lo que se adeuda a los «fondos buitre») y que reduzca al mínimo la posibilidad de que el país tenga en un futuro juicios por la cláusula RUFO».
Según el analista, Argentina pidió la suspensión para que no resulte afectado el pago del 30 de junio y contar con tiempo para armar una estructura legal sólida para pagar a los litigantes.
El tono de la carta enviada por Argentina entusiasmó a los mercados financieros, que la semana pasada registraron fuertes caídas tras el revés judicial en Estados Unidos. La Bolsa de comercio de Buenos Aires abrió la semana con una suba de 8,7 por ciento, mientras las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street crecieron hasta 7 por ciento. El dólar oficial cotizó sin cambios a 8,15 pesos por unidad y en el mercado marginal se vendió a 11,80 pesos, un descenso de 4,84 por ciento respecto al viernes.
Por su parte, el juez Griesa nombró al abogado Daniel Pollack, un experto en litigios financieros, como mediador para supervisar las negociaciones, aunque el magistrado es quien tiene la última palabra sobre el caso. Pollack tiene libertad de reunirse con las dos partes individualmente y o en conjunto, en público o en secreto.
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Por ALMUDENA CALATRAVA, Associated Press
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