República Dominicana (AP) — Un tribunal dominicano ordenó el lunes a la dirección de Aduanas abstenerse aplicar una impopular medida que pretendía eliminar las exenciones de impuestos a las importaciones realizadas por internet menores a 200 dólares, vigentes desde 2005.
El tribunal superior administrativo, compuesto por tres jueces, determinó que la decisión de Aduanas, tomada en forma contraria a un decreto presidencial, no está fundamentada en el «respeto estricto a la legalidad».
La dirección de Aduanas había anunciado el 30 de julio que comenzaría a aplicar el 18% de impuesto a las compras además de aranceles el 15 agosto, pero la medida fue postergada por el tribunal superior administrativo en espera de que este lunes se conociera el fallo final. El arancel es independiente del impuesto a la compra y depende del producto adquirido.
Con su sentencia, el tribunal «acaba de rescatar el estado de derecho», comentó en su cuenta en Twitter Laura Castellanos, vocera de la asociación de empresas de paquetería, una de los grupos que interpuso un amparo en contra la aplicación de impuestos.
El director de Aduanas, Fernando Fernández, destacó de forma previa a la audiencia que debido a la exoneración de impuestos establecida mediante un decreto presidencial en 2005, el estado ha perdido desde entonces unos 20.000 millones de pesos (unos 465 millones de dólares).
«Es un problema real de la economía dominicana, que está siendo amenazada por un tipo de negocio que tarde o temprano va a crear una situación que se nos vaya totalmente de control», explicó Fernández en una reciente conferencia de prensa. Indicó que con la aplicación de esos impuestos, el estado prevé percibir unos 90 millones de dólares cada año.
Aseguró que cerca del 88% de las compras son declaradas de forma fraudulenta con precios de entre 10 y 20 dólares.
Recordó que la medida también prevé reducir las inequidades en el comercio, ya que quienes pueden realizar compras en el extranjero por internet son solo aquellos que poseen tarjetas de crédito en dólares, mientras la gran mayoría de la población adquiere los productos en el mercado local, que paga aranceles y el impuesto a las compras.
El funcionario denunció además que los usuarios de las compras por internet y las compañías de paquetería que transportan esos productos cometen fraudes de forma constante al subvaluar de manera exagerada las mercancías que importan para evitar el pago de impuestos.
La fallida aplicación de impuestos había generado varias protestas callejeras. Un grupo de personas se manifestó el 15 de agosto frente al palacio nacional, donde entregó una carta dirigida al presidente Danilo Medina con las firmas de 15.000 personas que demandan mantener la exoneración.
Juan Matos, vocero del grupo y quien entregó la carta, explicó que las importaciones por internet representan un escape a los altos precios de los productos en el mercado local.
La asociación de compañías de paquetería y la organización no gubernamental Fundación Justicia y Transparencia llevaron el caso ante el tribunal administrativo al considerar que una resolución de Aduanas no puede invalidar un decreto presidencial.
La Organización Nacional de Empresa Comerciales, que agrupa a los grandes almacenes e importadores, ha insistido que las compras por internet generan desigualdad en el mercado y han pedido en varias ocasiones al presidente Medina eliminar esas exenciones con el argumento de que otros países aplican gravámenes o limitan ese tipo de comercio.