Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA, ahora abogado de Galo Lara, se encuentra en Washington. Ahí mantuvo reuniones con autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aspira que el organismo conceda medidas cautelares a favor de su defendido antes de su extradición.
Cochez se reunió con la secretaria adjunta del organismo, Elizabeth Abi Mershed y con la relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero. El asegura que de concretarse el proceso, esto tomará entre seis y ocho meses.
“Ambos han prometido analizar la solicitud presentada el 29 de agosto, donde se solicita la medida cautelar respondiendo una serie de preguntas que la Comisión le hizo a los abogados en Panamá. Pero en este caso, la medida cautelar sería en contra del Gobierno de Panamá, que es quien lo mantiene retenido en este momento”, dijo.
Añadió también que “Panamá es muy respetuoso de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Sobre la extradición concedida por Panamá, Cochez dice que tomará acciones antes del próximo miércoles, día en que vence el plazo para objetar la decisión del Gobierno. “Se vence el 10 de septiembre próximo, antes de esa fecha, nosotros y particularmente este servidor, va a presentar ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de que se cambien los magistrados, se va a demorar 6, 8 meses y la última palabra la tendrá el presidente Varela”, señaló.
El exasambleísta Galo Lara, un férreo opositor del gobierno de Rafael Correa, fue acusado por el régimen de ser autor de un triple asesinato ocurrido en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, pero posteriormente absuelto por la Corte Nacional de Justicia. Apelada la absolución por la Fiscalía General, una sala de la Corte Nacional declaró a Lara cómplice del crimen y lo sentenció a diez años de prisión.
El gobierno del Presidente Correa había intentado antes enjuiciar a Lara, acusándolo de injurias en contra del primer mandatario, pero la Corte no obtuvo autorización del Parlamento para iniciar el respectivo proceso. El juicio por el que fue condenado tampoco recibió autorización, pero fue iniciado por el juez alegando que la inmunidad constitucional no protege a los acusados de asesinatos.