Héctor Yépez, abogado y columnista de opinión, se refirió durante el programa ‘24/7 con Jorge Ortiz’ a tres medidas que el gobierno está impulsando: el impuesto que restaría las utilidades de los empleados de las telefónicas, el traspaso al BIES de los fondos de cesantías del magisterio y otros fondos previsionales, y el impuesto a la comida chatarra. También habló sobre el traspaso de competencias en materia de transportación pública del gobierno central hacia los gobiernos municipales.
Yépez se mostró sorprendido frente al hecho de que en el momento de mayor bonanza económica, por los altos precios del petróleo, el Estado tenga que recurrir a estas medidas para enfrentar el gasto público. El abogado guayaquileño considera que los más afectados serían la clase media y las clases populares.
Reconoció que el Estado puede y debe regular, por medio de la Ley, el porcentaje de utilidades, incluso de los empleados de las telefónicas (Movistar y Claro), pero “respetando el principio de igualdad (ante la Ley) y la intangibilidad de derechos laborales”, puesto que a su criterio los derechos de los trabajadores no pueden ser restringidos por un gobierno. Piensa que el programa de otorgar tablets a los estudiantes, como lo hace el municipio guayaquileño, se puede financiar de otras maneras. Es escéptico, sin embargo, de llevar el caso a los tribunales: “En un país donde hubiera justicia independiente, se podría acudir a una corte”.
Sobre el traspaso de los fondos previsionales al BIES, Yépez alerta sobre la posibilidad de estar frente a un caso de confiscación pues, tal como lo explicó, es sumamente preocupante pretender tomar dinero privado, el de los maestros, y transferirlo por orden del gobierno a un banco público. El fondo más perjudicado es el del magisterio, que llega a más de 430 millones de dólares y es resultado del ahorro de 147 mil maestros.
Héctor Yépez, con el impuesto a la comida chatarra, ha evocado al impuesto verde a los vehículos. Cree que es un impuesto que se aplicará a la comida rápida que ofrecen las grandes cadenas internacionales, donde no consume la mayoría de los ecuatorianos, por lo que gravar a esos productos con un impuesto especial “no cambiará los hábitos alimenticios, lo que se quiere es aumentar […] la recaudación”. Piensa que la clase media alta, que consume en esos establecimientos, no modificará su hábitos respecto de la llamada comida chatarra. Yépez se pregunta por qué no hacen campañas masivas de comunicación, en vez de desprestigiar opositores o periodistas, para promover hábitos correctos de alimentación.
El abogado guayaquileño está de acuerdo en destinar los recursos del Estado en educación, salud e infraestructura, más no en otros egresos del excesivo gasto público que se destina a propaganda y a los sueldos de una burocracia muy grande.
Por último, se refirió a la transferencia de competencias de parte del gobierno central a los municipios. Está de acuerdo en que el municipio que ha recibido la competencia y el dinero, dentro de una política nacional, pueda fijar los precios. Pero, en este contexto, quitar el subsidio al transporte suena a “venganza del gobierno (nacional) hacia los gobiernos locales”. Yépez se pregunta por qué no lo hicieron antes del 23 de febrero: ¿Acaso por qué los alcaldes eran cercanos al gobierno y ahora las 9 ciudades principales del país tienen alcaldes que no son de Alianza País? Deja esa pregunta planteada.