Washington, 6 nov (EFE).- El procurador general de Ecuador, Diego García Carrión, presentó hoy en Washington su libro sobre el caso de la petrolera Occidental (Oxy), con el fin de destacar los «errores» que llevaron a un tribunal de arbitraje a condenar a su país e intentar «que en el futuro no haya casos como estos».
En una entrevista con Efe, García Carrión habló sobre su recién publicado libro, «El caso Oxy: La defensa de una decisión legal y soberana del Estado ecuatoriano», poco antes de presentarlo en una conferencia en el Centro de Derecho de la Universidad Georgetown.
«El libro no busca un fin procesal, busca aportar una memoria histórica de la posición del Ecuador dentro del proceso arbitral, de manera que pueda ser conocido cuáles fueron los argumentos y especialmente cuáles fueron los errores que, a juicio de Ecuador, se dieron durante la tramitación del procedimiento arbitral», indicó.
El procurador argumentó que un tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial (BM), se declaró competente de conocer el caso, pese a que no podía hacerlo según el propio contrato firmado por la petrolera con el Estado ecuatoriano.
«El Ecuador -señaló- ha venido discutiendo la gravedad de las decisiones adoptadas por este tribunal, los errores que cometieron durante su decisión y fundamentalmente de qué manera el tribunal se arrogó una competencia que no tenía y rebasó los límites de esa competencia aún en los términos en que fue asumida por el tribunal».
Con base en ese argumento, Ecuador logró en octubre que un Comité de Anulación ratificara la suspensión de la ejecución del fallo que obligaba al Gobierno ecuatoriano a pagar más de 1.700 millones de dólares a Oxy por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
Ese fallo fue dictado en octubre de 2012 por el Ciadi, y Ecuador está a la espera de que se confirme la anulación de ese laudo, una decisión que «podría llegar en el transcurso de lo que queda del año o en los primeros meses del próximo año», explicó García.
Oxy demandó a Ecuador ante el Ciadi en 2006, después de que el Gobierno andino anulara su contrato de explotación en un zona petrolera en la Amazonía, por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 % de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.
El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió las operaciones del campo, lo que para la petrolera estadounidense fue una especie de confiscación de sus activos.
Ecuador, por su parte, insiste en que Oxy violó el contrato que establecía una cláusula de caducidad del convenio.
Al difundir su versión del proceso, Ecuador busca «una discusión a nivel mundial de lo que sucedió en este caso para que en el futuro no haya casos como estos o, si es que se producen, que tanto inversores como Estado estén en conocimiento de lo que puede suceder en el sistema de arbitraje internacional», afirmó el procurador.
García Carrión aseguró que el caso de Oxy tiene «ciertas similitudes» con el de otra petrolera estadounidense, Chevron, porque en ambos hay «tribunales arbitrales que se han considerado competentes para discusiones que el Ecuador considera que no tienen competencia».
Por tanto, subrayó «la necesidad de que los tribunales (…) tengan en cuenta lo que las partes adquirieron como compromiso, sea en contratos de inversión o en los tratados bilaterales de protección de inversiones para decidir si pueden o no resolver ciertas controversias». EFE