La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes el «acto de agresión» del jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, quien rompió dos páginas del diario El Clarín con artículos sobre el caso del fiscal hallado muerto en enero tras haber denunciado a la presidenta Cristina Fernández.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, lamentó que el Gobierno argentino «involucre a la prensa dentro de una supuesta confrontación política» descalificando a los medios como opositores políticos», en lugar de considerarlos un «instrumento fiscalizador del poder público, como ocurre en sociedades democráticas».
Al respecto, este martes, la Justicia confirmó hoy que en un cubo de la basura de Nisman se encontraron borradores de la denuncia, fechados en junio pasado, en los que pedía la detención de la presidenta, del canciller Héctor Timerman y del dirigente kirchnerista Andrés Larroque.
El grupo Clarín considera que el hecho de que quienes «más altas responsabilidades ejercen en el país» exhiban este tipo de conductas «refleja una profunda anomalía institucional».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, tachó de «desgracia» que la presidenta Cristina Fernández y «sus más directos colaboradores caigan en la detestable práctica que desarrolla con frecuencia y entusiasmo el presidente Rafael Correa, de Ecuador, uno de los peores predadores de la libertad de expresión en las Américas».
Agregó que el Gobierno argentino «no puede caer en la tentación de acusar y desacreditar a los periodistas en actos de sarcasmo público, ya que los discursos belicosos y de confrontación suelen incentivar a los violentos».
Mohme y Paolillo indicaron que este acto de «irrespeto», que la SIP también tacha de «intimidatorio», a la prensa «no puede ser tomado a la ligera, cuando en Argentina, lamentablemente, los periodistas han estado expuestos a otras acciones gubernamentales que afectan la libertad de prensa, como casos de espionaje contra medios, juicios simbólicos en contra de periodistas y actos de violencia».
Según sostenía Nisman, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para «librar de toda sospecha a los imputados iraníes» y «fabricar la inocencia de Irán» en el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos. EFE