El Gobierno y los representantes legales de 27 exjueces de la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ) empezaron un proceso de negociación para el segundo pago de la indemnización ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por haber sido ilegalmente destituidos del cargo en el 2004, según reporta El Universo.
La propuesta es que el pago se realice con bonos del Estado. Se espera que posteriormente, la Procuraduría inicie juicios de repetición (devolución de los recursos) en contra de los funcionarios que tomaron la decisión ilegal que ha ocasionado el pago de estas indemnizaciones. Los jueces fueron destituidos por la mayoría parlamentaria que gobernaba el entonces Congreso Nacional en 2004, conformada por diputados del Partido Sociedad Patriótica, en alianza con el PRE y el MPD. La alianza apoyaba al gobierno del presidente Lucio Gutiérrez.
El gobierno acusaba a los magistrados de estar controlados por el Partido Social Cristiano, y en particular, por el expresidente León Febres Cordero. El nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia, cercana al Partido Roldosista, que en los días siguientes anuló los juicios por peculado en contra del expresidente Abadalá Bucaram, provocaron una reacción popular que terminó con el derrocamiento del Presidente Lucio Gutiérrez.
En marzo del 2013, tras un proceso de diez años, la CorteIDH aceptó una demanda de los exmagistrados y ordenó el pago de la indemnización en tres dividendos de $ 140 mil.
El primero fue cancelado en marzo del 2014, el segundo debe cumplirse el próximo mes de marzo y el tercero, en el mismo mes del 2016.
Voceros de los exjueces, citados por El Universo, ha señalado que entraron en proceso de negociación para determinar que los dos últimos dos dividendos sean pagados en una sola cuota, para cerrar la deuda y allanar el camino para la presentación de los juicios de repetición.
Hugo Quintana, expresidente de la CSJ, explicó: “Nos notificarán por lo menos ocho días antes del pago y con esto se sabrá si nos hacen un solo pago en efectivo o en bonos”.
Según la Constitución, el Estado podrá lograr recuperar los valores que pagó como consecuencia de las sentencias iniciando juicios de repetición en contra de los funcionarios que tomaron la decisión de destituir a los exjueces sin garantizar el debido proceso, como lo afirmó la CorteIDH en su fallo.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina que la posibilidad de presentar juicios de repetición vence en tres años contados a partir del pago por parte del Estado.
En el caso de los siete exvocales del Tribunal Constitucional, que también fueron destituidos de forma ilegal según la CorteIDH, el plazo empezó a correr porque ya se canceló el total de la indemnización.
El expresidente Lucio Gutiérrez ha declarado que no tuvo ninguna relación con la decisión del Congreso Nacional de destituir a los magistrados.